La Audiencia Provincial de León celebra este lunes y martes, 19 y 20 de febrero, un juicio por un delito de estafa que sentará en el banquillo a dos personas para las que el fiscal pide la absolución en sus conclusiones provisionales. Los hechos que se juzgan, dice, "no son constitutivos de delito" y por lo tanto "no se deriva responsabilidad penal alguna" para los procesados. Sin embargo, avisa de que podría estar abierta la vía civil para esta causa.
En su relato de los hechos señala que el 9 de septiembre de 2016 uno de los acusados, mayor de edad y con antecedentes penales no computables, firmó actuando como administrador único de una mercantil un contrato de Gestión de Adeudos Directos Sepa-Esquema Básico. En esta operación, en la que estuvo acompañado por el otro acusado, el director de la sucursal le dio el alta como cliente con la apertura de una cuenta bancaria de pago cuyo titular sería la sociedad y en la que él figuraría como autorizado. La finalidad de la cuenta, según el escrito, era emitir recibos a través de la entidad a otras empresas y clientes bajo el formato ‘Adeudo Sepa’, obteniendo anticipadamente su importe una vez anotado el mismo en la cuenta. Por ello, al acusado de le dio de alta en el servicio de recibos en gestión de cobro, tramitando el fichero a través de su oficina Internet Empresas el día 16 de septiembre de 2016.
El director de la sucursal celebró el contrato "obviando parte de las medidas preventivas de fraude incluidas en el manual operativo de la entidad bancaria" a pesar, dice el fiscal, de que "estaba obligado a observarlas". De este modo, el alta del cliente fue "espontánea" con la "única referencia" de que fue acompañado por el otro acusado, "asesor contable y administrativo de otro cliente de la oficina". El contrato se formalizó "sin recoger la documentación necesaria para su tramitación" y tampoco se visitaron las instalaciones de la sociedad con anterioridad o en el inicio de las relaciones comerciales para verificar la veracidad del domicilio social y de la actividad de la empresa. La Fiscalía añade, además, que "tampoco había mandatos u órdenes de domiciliación Sepa respecto a los deudores contra los que se librarían después desde la cuenta los recibos a la postre devueltos".
Así, el fiscal recoge en sus conclusiones provisionales que el mismo día 16 de septiembre de 2016, y hasta el 27 de octubre de ese mismo año, el acusado empezó a girar recibos de la sociedad a mercantiles con las que tenía alguna relación comercial y a partir del 28 de septiembre realizó transferencias a diferentes empresas y personas físicas y disposiciones en efectivo a través de la tarjeta bancaria. Hasta el 11 de noviembre todos los pagos y cargos que se recibieron en la cuenta fueron atendidos por existir saldo en ella y, a partir de esa fecha, apareció en las operaciones pendiente de cargo un saldo insuficiente, al devolverse la mayoría de los recibos girados. "El importe total de los recibos girados en gestión de cobro ascendió a 466.057,66 euros. El descubierto, a fecha de 16 de noviembre de 2016, ascendía a 367.798,67 euros". El fiscal incluye también un su escrito un listado con quince empresas y personas física contra las que se libraron recibos y que los devolvieron por discrepancias en el cumplimiento del contrato que motivaba su emisión y observa tras él que los hechos narrados respecto a los acusados "no son constitutivos de delito" y que, por lo tanto "no procede imponer pena alguna" a estas personas "sin perjuicio del ejercicio de la acción civil".