«Si el tiempo era fundamental entonces, parece ser que esa urgencia no les impide retrasar ahora la aprobación de los pliegos». Abunda la crítica asegurando que se echó en cara que se había estudiado las fórmulas de gestión del TUP en 15 comisiones y el anteproyecto que se presenta sigue adelante con las mismas líneas de autobuses que había antes, siete, sin suponer más cambios que que todas estarán activas a lo largo de la semana, por lo que considera que el retraso en la documentación no se justifica. El concejal de área, Roberto Mendo, entregó una documentación a mediados de octubre advirtiendo que los pliegos estaban en revisión técnica y que en 15 días estarían disponibles para entregarlos a los grupos políticos que componen la corporación.
Ramón advierte que no ha sido así y, por tanto, teme que no puedan llegar a la comisión para su aprobación y llevarlos al próximo pleno, a finales de mes.
En vistas a los retrasos, Ramón exige al equipo de gobierno que «coja el toro por los cuernos» y presente el pliego de condiciones en comisión «para llevarlo a pleno y que se licite de una vez», dice puesto que «no hacerlo no beneficia a la ciudad». Recuerda que se paga anualmente un déficit de explotación más un importe por amortización a la adjudicataria del TUP.
Este año ese coste ha sumado 1.479.000, solo por el déficit de explotación 1,1 millones, pero advierte que las cifras que se recogen en el anteproyecto suman un déficit de 1,6 millones para 2017. El servicio de transporte se adjudicó mediante un régimen de concesión durante 5 años por parte del Ayuntamiento de Ponferrada en 20017 a la UTE formada por Aupsa y Begar, que lo operan bajo la denominación comercial de TUP (Transporte Urbano de Ponferrada).
En 2009, se acometió un plan de reestructuración, debido al incremento del déficit del servicio, que ronda el millón de euros al año En 2012 finalizó la actual concesión, ahora prorrogada a la espera de una nueva licitación.
Pide que se hagan públicas las cuentas de USE aunque apunta que no hay sanciones por no hacerlo
El PSOE solicita a USE que ponga la firma al documento que autoriza a hacer públicas sus cuentas, como han hecho sus concejales en el Ayuntamiento de Ponferrada, pero reconoce que no hacerlo no supone la aplicación de ningún tipo de sanción, por lo que podrían continuar sin dar ese paso «solo se podría conseguir una reprimenda del Procurador del Común», explica Ramón. Sí es obligatorio firmar la declaración de intereses para recoger el acta de concejal al inicio de cada mandato, no así ese segundo documento, que reconoce que «si se lo hemos estado pidiendo, creo que deberían haberlo firmado».
De todos modos, asegura que hay fórmulas para pedirlo, como el portal de la Junta, en un apartado que denominado ‘Reclame aquí’ o incluso en la Comisión de Transparencia.
«Todos los ciudadanos tienen derecho de conocer los bienes de sus representantes», advierte, por lo que insta a sus compañeros en la corporación a que «cumplan lo que dice la ley», ya que «esos datos siguen sin estar publicados a día de hoy». Ramón critica además que USE se haya otorgado la potestad de ser el único partido que hace oposición en el Ayuntamiento a lo que ha respondido que ese puesto de oposición es cierto«pero de los ciudadanos y de los intereses generales de Ponferrada».
Además, reprocha que desde esa formación se utilice un tono «de dignidad que resulta insultante», critica.