El interventor exige anular el contrato de Serfunle con Mémora por un canon ilegal

Cobró 10 millones desde 2004 por un concepto que no estaba en el pliego de licitación

Alfonso Martínez
19/01/2016
 Actualizado a 18/09/2019
Acceso al tanatorio de Serfunle en la avenida Peregrinos de León. | MAURICIO PEÑA
Acceso al tanatorio de Serfunle en la avenida Peregrinos de León. | MAURICIO PEÑA
Demoledor informe del interventor de la Mancomunidad de Servicios Funerarios de León (Serfunle), que advierte de la nulidad del contrato suscrito en 2003 con el Grupo Mémora, que es el socio privado de la empresa mixta que gestiona el tanatorio, el crematorio y el cementerio de la capital.

El informe se basa fundamentalmente en el pago de un "canon de gestión" a Mémora desde 2004 que oscila entre 700.000 y 900.000 euros (IVA incluido), por lo que la suma total desde entonces rondaría los diez millones.

Este canon era un 10% de la facturación (12% a partir del sexto año) de la empresa mixta y se sumaba al dividendo anual que Mémora percibía como socio de la misma. El informe del interventor de la mancomunidad basa su petición de nulidad del contrato y la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por Mémora en que el citado canon de gestión no figuraba en los pliegos técnicos y administrativos que se elaboraron a la hora de buscar la parte privada de la sociedad mixta.

Este canon de gestión fue incluido en su oferta por parte de Mémora y aceptada por los técnicos que informaron la propuesta de adjudicación y posteriormente por la mesa de contratación de la mancomunidad. Los técnicos eran el entonces gerente (ya fallecido) y el asesor económico.

El informe del interventor considera que la modificación introducida por la adjudicataria y consentida posteriormente por los técnicos "supone una vulneración sustancial de las bases contenidas en el pliego de cláusulas" y "debe determinar la anulación del acto de adjudicación".

El interventor considera que los técnicos informantes y la mesa de contratación "se han arrogado funciones que la ley no les otorga, infringiendo los artículos 87 y 89 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, al decidir por su cuenta admitir unas condiciones propuestas por la oferta adjudicataria que resultaban muy ventajosas para ella, que el pliego no quiso establecer y a las que por tanto no pudieron acceder el resto de posibles oferentes interesados en la concurrencia".

Abunda además el informe en que los técnicos incurrieron en "extralimitación de funciones" en la aplicación del pliego de cláusulas "al admitir, valorar e incluso proponer la adjudicación del contrato a una oferta que no se ajustaba al mismo". Considera además como un "agravante" el hecho de que la modificación "irregularmente admitida" supone una "gran ventaja" retributiva para la empresa, en cuanto a que propone cobros adicionales cada año.

"Gran perjuicio patrimonial"


El interventor deja claro también en su informe que la decisión avalada por los técnicos "supone un gran perjuicio patrimonial" para la sociedad mixta desde el momento mismo de su constitución, ya que reduce su beneficio. También lo es por tanto para la mancomunidad, que está integrada por los municipios de León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre y que posee el 51% de la empresa mixta (el 49% restante le corresponde a Mémora).

Otra de las cuestiones que refleja este informe es que la propuesta de adjudicación rubricada por los técnicos, que está fechada el 18 de marzo del año 2003, no contaba con informes previos ni del secretario ni del interventor de la mancomunidad.

Por todo ello, el informe concluye que la adjudicación es "nula de pleno derecho", por lo que se debería retrotraer el proceso hasta el momento en que se admitió el canon de gestión que no figuraba en los pliegos. El siguiente paso sería, en caso de que se materializase esta anulación, el "posible reintegro" de las cantidades abonadas por la empresa mixta a Mémora y del devengo del IVA y del Impuesto de Sociedades. Fue precisamente un informe de la Agencia Tributaria sobre el irregular devengo de estos impuestos por parte de Serfunle lo que hizo saltar todas las alarmas dentro de la mancomunidad.

En este sentido, el informe del interventor es el primero de los cuatro que ha solicitado el presidente de la mancomunidad y teniente alcalde de León, Fernando Salguero, para esclarecer todo lo referido al pago de tributos.

Es preciso recordar finalmente que para este jueves está convocada a las 13:30 horas una asamblea de la mancomunidad con el objetivo de dar cuenta tanto de las actas de la Agencia Tributaria (referidas a los años 2011 y 2012, aunque ya había otras similares de 2006 y 2007) como del informe del interventor, que echa por tierra la adjudicación a Mémora.
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