Ecologistas presenta alegaciones a la ampliación del CTR por entender que está "al margen de la legislación"

Ecologistas en Acción de León ha presentado alegaciones a la autorización ambiental de un nuevo vertedero en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega (León) para poner de manifiesto que la actividad de tratamiento y eliminación de residuos que se viene haciendo en esta planta y que se pretende prolongar con la construcción de un nuevo vertedero es “un fracaso económico, social y ambiental”, además de que se realiza “al margen de la legislación” de residuos, de vertederos y de la planificación estatal de residuos.

Con una inversión de más de seis millones de euros y con capacidad para admitir 2,09 millones de metros cúbicos del rechazo del tratamiento de residuos sólidos urbanos de toda la provincia de León, el nuevo vertedero se calcula que podrá recibir, durante 13 años, un total de 150.000 toneladas anuales de residuos, manteniendo el mismo sistema de gestión que ha llevado al “colapso” de las instalaciones nueve años antes de lo previsto.

Según denunciaron los ecologistas a través de un comunicado, la eliminación de residuos en vertedero supone la destrucción “permanente” de las opciones de uso del suelo afectado para otros fines, y los riesgos para el medio ambiente y la salud humana no solo afectan al terreno, sino también a las aguas, a la propagación de contaminantes por el aire y a los efectos perniciosos sobre la fauna, por lo que defienden que el vertedero es “la última opción legal del tratamiento de los residuos”.

Para los ecologistas, la clave de una gestión eficiente de los residuos domiciliarios es la recogida selectiva de la materia orgánica o residuos biodegradables, que son más del 40 por ciento del total de los residuos sólidos urbanos que se producen en la provincia según datos de Gersul. Sin embargo, en la documentación sometida a información pública, los ecologistas entienden que se da por hecho que la materia orgánica “seguirá llegando al CTR mezclada con el resto”, lo que impedirá de nuevo su transformación en compost y aumentando la proporción de rechazos.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado que el proyecto se adecúe a las tasas de reciclaje y compostaje establecidas en la legislación vigente, un porcentaje que deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50 por ciento en peso antes del año 2020, y que limite la eliminación del total de los residuos municipales al 35 por ciento en 2020, tal como establece el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (Pemar).

En este sentido, se ha pedido que se obligue a Gersul a incorporar a la solicitud de autorización criterios de admisión de los residuos en el CTR que sean “vinculantes” para que las empresas concesionarias de la explotación de la empresa y para los productores de residuos para poder alcanzar los objetivos legales de resucción, reciclaje y compostaje de los residuos, teniendo en cuenta que esos objetivos no se alcanzarán hasta implantar la recogida separada de la materia orgánica.

También se pide rediseñar el vertedero de acuerdo con los objetivos de reutilización, reciclaje y compostaje que limitan legalmente la posibilidad de eliminar los residuos mediante depósito en vertedero y, por último, que se presente, con la solicitud de autorización, el análisis económico exigido por el Real Decreto de vertederos, e incorporar al estudio de impacto ambiental el estudio de la alternativa 0.

También se ha pedido que se inste a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) a la revisión y modificación de la autorización de vertido que acompañó la autorización inicial del CTR en lo referente a las instalaciones de recogida y vertido de aguas residuales con el fin de evitar la contaminación del dominio público hidráulico en general y del arroyo del Valle la Calzada en particular.Y finalmente, que se pida al Ayuntamiento de San Justo de la Vega un nuevo informe de compatibilidad urbanística de manera que se permita al Consistorio afectado intervenir “de manera decisiva”.