Dañar el mobiliario urbano ya es sancionable en San Andrés

El pleno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo aprobó este jueves de forma definitiva la ordenanza municipal sobre protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales, por la que se tipifican todas aquellas conductas que puedan suponer un menoscabo del patrimonio público en el ámbito municipal.

Una vez concluido el periodo de alegaciones y estimado parcialmente las aportaciones presentadas por las distintas formaciones políticas, el documento recibió el respaldo del equipo de gobierno del PSOE y PAL-UL, así como los votos a favor de Ciudadanos y UPL. Además, se abstuvieron los concejales del PP y los de IU votaron en contra.

Las sanciones leves sonde 500 euros, hasta 1.000 euros las graves y de 1.001 a 3.000 euros las muy graves
Según ha venido informando el Ayuntamiento, el objetivo es procurar que disminuyan y sean eliminados los actos vandálicos que se producen en el municipio, actuando como respuesta a la preocupación ciudadana ante este fenómeno así como un instrumento de disuasión para quienes con sus actitudes antisociales causan daños en el mobiliario urbano, en parques y jardines, en las fachadas de edificios públicos y privados, en señales de tráfico, instalaciones municipales u otros bienes.

Pese al carácter cívico de los ciudadanos del término de San Andrés, el equipo de gobierno considera que existen actitudes irresponsables por parte de individuos y colectivos minoritarios que altera la convivencia y generan "unos gastos cada vez más importantes que distraen la dedicación de recursos municipales a otras finalidades", tal y como apuntó el concejal de Servicios Generales y Medio Ambiente, Francisco Gómez. "La mayoría de los vecinos son respetuosos con lo que es de todos, pero la actuación de unos pocos hacen que esa normalidad en la convivencia quede perturbada, así que desde la administración tenemos la obligación de proteger lo público", agregó el edil del PAL-UL.

A su vez, rechazó que la ordenanza tenga afán recaudatorio, puesto que ofrece al infractor la posibilidad de reponer el daño causado para evitar la sanción económica, después de que se incorporara al texto normativo esta petición expresada por el grupo municipal de UPL.

Para las infracciones leves, la ordenanza contempla sanciones de hasta 500 euros, desde 501 a 1.000 euros para las gravesydesde 1.001 hasta 3.000 euros para las muy graves.

IU, que votó en contra de esta ordenanza, considera que es una "ley mordaza" y que no es necesaria
En la misma línea se pronunció la alcaldesa, María Eugenia Gancedo, para quien el Ayuntamiento debe procurar el respeto hacia lo púbico, pues cada vez que se produce un hecho de estas características "la reparación sale del bolsillo de todos los vecinos, que no tienen que estar soportar económicamente las consecuencias de los actos incívicos de unos pocos".

Mientras, desde IU se votó en contra, una decisión que ya había sido anunciada previamente puesto que los concejales de la formación consideran que se trata de una "ley mordaza que no responde a las preocupaciones y necesidades reales que tiene la población de San Andrés del Rabanedo".

Desde Izquierda Unida también apuntaban que la mayor parte de las peticiones que han presentado los ciudadanosrelacionadas con la convivencia se centran en temas como la existencia de excrementos de perros en las calles o denuncias por el mal funcionamiento del transporte público.