Desde UPL recuerdan que las obras ejecutadas y sobre las cuales se ha iniciado las diligencias previas, se han ejecutado sobre dos inmuebles protegidos por las normas urbanísticas municipales. Las mismas citan una protección PER –que significa Protección Estructural Rehabilitación– que, tal y como indican las mismas, únicamente se podrán realizar «Obras encaminadas a reutilizar un edificio, mejorando la habitabilidad y funcionalidad, mediante cambios en la distribución interior o en elementos estructurales no significativos y sin aumento de volumen, manteniendo la fachada, cubierta, estructura general, portales y escaleras y elementos de interés dentro de la parcela o de la edificación».
Otra cosa es si interesa o no que los técnicos del SAM revisen las licencias y hagan cumplir las normas La formación leonesista critica que una de las edificaciones contaba con una portalada típica de las edificaciones de la montaña, que se encontraba protegida, y que ha sido eliminada –derribada–, aumentando el volumen, no manteniendo la fachada, cambiando de pendientes en cubierta y modificando de la estética general de la edificación, explican en un comunicado.
En cuanto a la otra edificación, se critica que, con el mismo grado de protección, también ha sufrido la modificación en la pendiente de la cubierta, en el volumen de la edificación y en la estética en general.
Por otra parte, recuerdan a Porfirio Diaz que la Diputación Provincial de León tiene a disposición de los municipios el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), el cual, sin coste para las arcas locales, informa sobre la legalidad de las obras y las condiciones de las mismas. Por ello, todos los municipios que carezcan de técnico municipal en materia de urbanismo o en cualquier otra, tienen a su disposición de forma gratuita este servicio.
«Otra cosa es si interesa o no el que estos técnicos (SAM) revisen las licencias para la obras y hagan cumplir la normativa. En este caso claramente no hubiesen permitido esta actuaciones», critican los leonesistas y añaden que «interesaba más encargar a unos técnicos particulares».
En relación a la actuación de la secretaria, opinian que ha sido en todo momento «correcta y profesional, no permitiendo que la hagan participe de las artimañas y malas prácticas habituales en ese ayuntamiento y emitiendo un informe negativo. Su función es cumplir y hacer cumplir la Ley y, al observar esta irregularidad, informó negativamente, advirtiendo de la ilegalidad en la que se podría incurrir dentro de sus funciones de interventora».
Por otra parte, también critican que «un edil que lleva en el cargo tanto tiempo, no es de razón que desconozca las normas de su municipio, lo que lleva a pensar, que conociéndolas perfectamente, la aplicación de las mismas, se limita al resto de los vecinos».
Para finalizar, en referencia las palabras del munícipe (la denuncia parte «de un personaje siniestro, que sufre paranoia, al que no se le conoce oficio ni beneficio») los replicantes opinan que «utilizar el insulto y la descalificación para tratar de justificar sus malas prácticas e infracciones cometidas, típico de este edil, no es más que una manera personal de no asumir responsabilidades».
Actuación de los secretarios
Sobre el argumento de Porfirio Díez, que afirma que el resto de secretarios no ponen reparos, la oposición opina que «el que el alcalde piense que ningún secretario cumpla con sus funciones, es otra manera de justificar sus malos hábitos legislando, siempre por encima de la Ley».