La Audiencia Provincial de León ha condenado a 20 meses de multa a un hombre por abusos sexuales a una mujer con discapacidad. El juicio se celebró el 29 de noviembre de 2023 y el fiscal pedía para el acusado en sus conclusiones provisionales una pena de dos años y medio de prisión por los hechos. La Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica, Adavas, que ha ejercido la acusación particular, señala en un comunicado de prensa que en la sentencia se condena al acusado “como autor criminalmente responsable de un delito de abusos sexuales a la pena de 20 meses de multa y prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la mujer cualquiera que sea el lugar en el que se encuentre y de comunicarse con ella por cualquier medio durante tres años”. Esta sentencia se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia.
Los hechos, según se recogía en el escrito del fiscal previo al juicio, tuvieron lugar el 14 de septiembre de 2022, cuando afirma que el acusado –mayor de edad y sin antecedentes penales– se acercó sobre las 16 horas en coche hasta la casa en la que una mujer de 57 años estaba pasando una temporada. La mujer, según se expone en el escrito, «tiene un grado de discapacidad psíquica reconocido del 76 por ciento y un grado 2/2 de dependencia y fue incapacitada judicialmente».
El acusado, afirma la Fiscalía en su documento, «guiado por un ánimo libidinoso y queriendo aprovecharse de la situación de la mujer como enferma mental crónica con discapacidad severa», se sentó junto a ella en la puerta de la casa y le dijo «a ver cuándo quedamos para echar un polvo», además, «le tocó el pecho y la zona genital por encima de la ropa», momento en el que fue sorprendido por el hermano de la mujer, que «salió corriendo de la casa alertado por la frase anterior». El fiscal insiste en su escrito en que el estado de la mujer, su discapacidad, «era conocido» por el acusado «y absolutamente evidente para cualquiera tras el mínimo contacto, sin necesidad de conocimiento médico alguno».
Por ello consideraba que estos hechos eran constitutivos de un delito de abuso sexual en el que no concurrían circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Pedía para él, por ello, una pena de prisión de dos años y seis meses, así como la prohibición de aproximarse a menos de 50 metros de la víctima, de su domicilio o de cualquier otro lugar en el que ella se encontrara durante un periodo de cinco años. Además, sumaba también la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante cinco años. La Fiscalía reclamaba, además, su inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades fueran o no retribuidos que conllevaran un contacto regular y directo con menores de edad durante diez años, así como que recayeran sobre él las costas derivadas del procedimiento.