A un seguidor de las estadísticas le produce estupor sucesos graves como el de ayer en España: la falta de concordancia entre las defunciones del registro civil y la suma de fallecimientos esperados más los declarados por Covid. Un país que carece de cifras fiables ni sabe dónde está, ni cuáles son sus prioridades, ni hacia dónde caminar, ni, en consecuencia, qué decisiones tomar.
Más allá de los desahogos vertidos en esa escombrera en que han convertido las redes sociales, merece la pena examinar detenidamente las causas de esta lamentable errata estadística; incorrección que se traduce en una nación más débil, peor dotada, menos desarrollada, poco fiable y con una imagen internacional deteriorada.
La causa no está de una administración en exclusiva. Lo es de todas en mayor o menor medida, y de los ciudadanos de una manera particular. Lo primero que se detecta en la multitud de mensajes que se cruzan es el profundo desconocimiento de cómo está configurada España en sus instituciones, territorios, campos competenciales, impuestos, gasto público, etc. Todo está en internet, pero no se consulta, lo que hace pensar que existe un amplio sector social al que el conocimiento de la verdad le importa un bledo. Como los políticos son ciudadanos normales, muchos llegan a sus puestos con el mismo nivel de ignorancia petulante.
Pero no es esta columna solo un acto de contrición, que también. Hemos descubierto que tenemos un gobierno que se dice que aún lo es solo porque lo fue. Da lo mismo qué partido lo ocupe. Comprobamos que el menguado aparato estatal es un florero en sanidad, si las comunidades autónomas no obedecen. Se intuía en los datos: 1044 trabajadores ministeriales (todo su contingente), menos de la mitad de los que trabajan en el Hospital de León, no pueden reaccionar ante una crisis nacional y menos sin la colaboración autonómica plena.
Pero es más intolerable que las autonomías y el ministerio no tengan un sistema informático común para acceder a los datos o volcarlos. Malo es que mientan al transmitirlos, tanto si es por intención como por incompetencia. Y aún peor es que los registros civiles no tengan esa conexión telemática a estas alturas, para cotejar todos los datos. El país ha hecho aguas ante esta crisis y los errores genéricos, excluyendo a las personas, son claros. Lo que hay que hacer es subsanarlos.
Mientras tanto veo en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, el centro de la pandemia y de los datos falsos, que la Consejería de Sanidad cuenta 11 asesores; solo 1 es sanitario. Cobran entre 54.000 euros y 62.000 euros brutos. ¿Entienden lo que quiero expresar?
Más allá de los desahogos vertidos en esa escombrera en que han convertido las redes sociales, merece la pena examinar detenidamente las causas de esta lamentable errata estadística; incorrección que se traduce en una nación más débil, peor dotada, menos desarrollada, poco fiable y con una imagen internacional deteriorada.
La causa no está de una administración en exclusiva. Lo es de todas en mayor o menor medida, y de los ciudadanos de una manera particular. Lo primero que se detecta en la multitud de mensajes que se cruzan es el profundo desconocimiento de cómo está configurada España en sus instituciones, territorios, campos competenciales, impuestos, gasto público, etc. Todo está en internet, pero no se consulta, lo que hace pensar que existe un amplio sector social al que el conocimiento de la verdad le importa un bledo. Como los políticos son ciudadanos normales, muchos llegan a sus puestos con el mismo nivel de ignorancia petulante.
Pero no es esta columna solo un acto de contrición, que también. Hemos descubierto que tenemos un gobierno que se dice que aún lo es solo porque lo fue. Da lo mismo qué partido lo ocupe. Comprobamos que el menguado aparato estatal es un florero en sanidad, si las comunidades autónomas no obedecen. Se intuía en los datos: 1044 trabajadores ministeriales (todo su contingente), menos de la mitad de los que trabajan en el Hospital de León, no pueden reaccionar ante una crisis nacional y menos sin la colaboración autonómica plena.
Pero es más intolerable que las autonomías y el ministerio no tengan un sistema informático común para acceder a los datos o volcarlos. Malo es que mientan al transmitirlos, tanto si es por intención como por incompetencia. Y aún peor es que los registros civiles no tengan esa conexión telemática a estas alturas, para cotejar todos los datos. El país ha hecho aguas ante esta crisis y los errores genéricos, excluyendo a las personas, son claros. Lo que hay que hacer es subsanarlos.
Mientras tanto veo en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, el centro de la pandemia y de los datos falsos, que la Consejería de Sanidad cuenta 11 asesores; solo 1 es sanitario. Cobran entre 54.000 euros y 62.000 euros brutos. ¿Entienden lo que quiero expresar?