El juzgado requiere al Ayuntamiento de Ponferrada la documentación del Mundial de Ciclismo

Merayo reconoce que hay un requerimiento judicial dentro del procedimiento abierto por un presunto delito de malversación

Ical
04/09/2015
 Actualizado a 12/09/2019
Imagen de archivo del Mundial de Ciclismo de Ponferrada. | César Sánchez (Ical)
Imagen de archivo del Mundial de Ciclismo de Ponferrada. | César Sánchez (Ical)
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ponferrada requiere al Ayuntamiento que aporte toda la documentación referente a la organización del Mundial de Ciclismo dentro de la causa abierta contra él por un presunto delito de malversación y tras ser admitida a trámite la denuncia presentada por un colectivo formado por más de un centenar de personas dentro de la Plataforma Pro Cuentas Claras.

Así lo manifestó este jueves la alcaldesa, Gloria Merayo, durante un entrevista en la emisora Radio Bierzo, donde aseguró que cumplirán con el requerimiento judicial y que recopilarán toda la información referente a actas, cuentas y contratos de los campeonatos que sirvan a la investigación abierta una vez pasen las fiestas de La Encina.

En esta línea, avanzó que también acudirán a los juzgados para recabar más datos sobre la situación en la que está el Ayuntamiento en el procedimiento abierto. Merayo no dudó en reprobar la gestión del evento realizada por el bipartito porque «no puedo tener una fundación que financio con dinero privado y dinero público y contrato a quien me da la gana». «Tengo que regirme por la ley de entidades públicas pero aquí qué se ha hecho, el dinero que sea público pero después dentro de la fundación contrato como me da la gana y eso es delito», recalcó Merayo , que insistió en que este procedimiento judicial es una de las razones que impiden que se realice la transferencia de tres millones de euros a la Fundación de Deportes para cubrir el déficit por la encomienda de gestión del Mundial.

En su opinión, si la nueva corporación transfiriese más dinero público a esta fundación, «que se ha comportado como una fundación privada», podría estar incurriendo en un nuevo delito de malversación. «No me opongo a pagar, pero que sea el juez el que me diga que tengo que pagar», apostilló.
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