Según consta en dicha denuncia, para la familia de la anciana, de 89 años, «se ha vulnerado la integridad física, psíquica y social» de su madre, por lo que piden «que se investiguen las actuaciones de la directora del centro, Mercedes Vega Ampudia, y del doctor Fernando Prada Alonso» para que los responsables de lo sucedido, «por acción u omisión, paguen las consecuencias».
"Se generó una situación de riesgo que ha afectado gravemente a la salud de mi madre", denuncia Mercedes García en Fiscalía En la documentación entregada en Fiscalía se relata que la anciana sufrió un ictus que hizo empeorar su situación médica y que a raíz de ello estuvo «aislada y sedada» en el centro de mayores Santa Luisa. «La encerraban en un pasillo», lamenta una de sus hijas, que asegura que la mujer «estaba cada vez más decaída, con los labios morados, la tensión muy baja y sufriendo un grave deterioro físico y psíquico».
La denuncia aporta asimismo fotografías de hematomas en la paciente –«de forma reiterada y que nunca nos explicaron cómo se producían»– y señala en el escrito presentado ante Fiscalía que en la residencia Santa Luisa «se produjo un abandono en los cuidados de la higiene».
«Había productos tóxicos al alcance de los residentes», detalla también la denuncia, que aporta fotografías de carritos con productos cáusticos en los pasillos, al alcance de residentes con graves deterioros cognitivos («una usuaria bebió lejía, y lo mismo que bebió pudo dar a beber a otro»).
La denunciante incluye además «documentación amenazante» enviada desde la dirección del centro a la familia o un informe del último análisis del grado de satisfacción de los trabajadores de Santa Luisa con la actitud de la directora, de 2010, en el que obtuvo un «3,43».
La Diputación nunca investigó la muerte de otra anciana residente tras ingerir lejía
Ocurrió hace casi un año, el 28 de abril de 2015, pero el asunto tardó seis meses en hacerse público. A.P., de 89 años, con demencia senil y residente en la residencia de mayores Santa Luisa, ingirió lejía y tuvo que ser trasladada a Urgencias del Hospital de León. Aunque nunca llegó a demostrarse si hubo relación entre la ingesta de este producto cáustico y la muerte de la anciana (falleció unos días después, el 4 de mayo), lo cierto es que –pese a la denuncia de Ciudadanos en el pleno del 28 de octubre– nunca se llegaron a investigar estos hechos («había pasado demasiado tiempo», dijeron algunos desde el equipo de gobierno) y no se pudo esclarecer si se produjo algún tipo de negligencia por parte de la dirección de la residencia Santa Luisa.
Este mes se cumple un año desde que una anciana de 89 años con demencia ingirió lejía en Santa Luisa y falleció unos días después Tras la muerte de A.P., el hijo de la anciana fallecida decidió no presentar denuncia en los tribunales, por lo que el asunto no pasó de protagonizar unos minutos de un pleno en que tampoco desde la oposición –salvo C’s– nadie exigió que se depuraran responsabilidades.
Entonces, el portavoz del equipo de gobierno, Francisco Castañón, consideró que se trataba de «hechos gravísimos» y anunció que recabarían información y tomarían «medidas contundentes».
Dos semanas después, tras la Comisión de Derechos Sociales celebrada el 16 de noviembre en el Palacio de los Guzmanes, la Diputación envió un escueto comunicado en el que aseguraba que «según los informes conocidos en dicha Comisión –a la que sólo acudió y facilitó información la directora de Santa Luisa– tampoco se ha demostrado que se produjera la hipotética ingesta de estas sustancias» y señalaba que «de los informes presentados se desprende que dicho suceso no tiene relación con una posible ingesta de productos cáusticos dos meses antes del fallecimiento».
Este periódico tuvo entonces acceso a la documentación completa del caso, que incluye información detallada del Complejo Hospitalario de León y los cuadernos de seguimiento de los internos del centro Santa Luisa, donde consta que A.P. ingirió lejía el 28 de abril (no fue la única vez que lo intentó, según esos cuadernos) y falleció el 4 de mayo. En ningún documento consta que la muerte esté relacionada con la ingesta del líquido cáustico.
La Diputación de León, a la que se facilitó toda la información, no rectificó nunca su nota oficial ni abrió ninguna investigación sobre los hechos.