El Parque Nacional de Picos de Europa afronta una tramitación administrativa que resultará clave para su futuro. El Plan Rector de Uso y Gestión, que estará terminado en el año 2018, sentará las bases de lo que debe ser el camino a seguir para que el territorio, que se divide entre las comunidades autónomas de Castilla y León, Cantabria y Principado de Asturias, se convierta en un potente motor de desarrollo para todos los pueblos que se encuentran dentro de su territorio y los que se puede considerar que están en su área de influencia. Para ello, según dijo ayer en León el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, con motivo de la reunión del pleno del Patronato que se celebró en la delegación territorial de la Junta, se tomarán en consideración todas las «peticiones e inquietudes» que planteen sobre su contenido los colectivos o instituciones que se vean afectadas por su aprobación, prevista para el verano del próximo año. Permitir la vida en los pueblos, que la ganadería y la agricultura, la caza, la pesca, los deportes de aventura y demás actividades se puedan realizar con un marco legal bien definido, y fijar población serán algunos de los principales retos para que las tres comunidades, y especialmente la provincia de León, puedan aprovechar un recurso natural que puede y debe traer muchos beneficios.