La Junta de Castilla y León y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO llegaron ayer a un preacuerdo en Valladolid que tiene como principal objetivo recuperar la jornada laboral de 35 horas entre los 85.000 empleados públicos de la administración autonómica a partir del 1 de junio de 2019. Para hacer posible la efectividad de las 35 horas desde el 1 de junio, se aplicarán transitoriamente los acuerdos adoptados en materia de jornada. Los acuerdos suscritos se mejoran con el presente acuerdo de manera que los días de compensación de 2019 se disfruten en su totalidad antes del 31 de marzo de 2020. Según la institución autonómica, la implantación de la jornada de las 35 horas para los empleados públicos requiere de modificaciones normativas y la adaptación de los calendarios laborales, por lo que la aplicación «puede demorarse unos meses». Con ello se viene a cumplir lo acordado tiempo atrás: el acuerdo firmado el 25 de julio de 2017 contemplaba que «cuando la Administración General del Estado permita, en cualquier ámbito o sector, la jornada máxima semanal de 35 horas, la Junta de Castilla y León trasladará esta medida de manera inmediata». Para algunos, se trata de una medida electoralista, pero entre el funcionariado no se mira demasiado por la fecha de aprobación sino más bien por los beneficios que pueden llegar a partir de ahora en materia de conciliación de la vida laboral y familiar, una demanda que venía siendo repetida por los sindicatos desde hace años.