La agenda política en el Bierzo está marcada por los tribunales, un concejal más en la presente legislatura en alguno de los principales Ayuntamientos de la comarca.
En Ponferrada, el curso arranca con la ciudad todavía pendiente de solucionar el conflicto del servicio de recogida de residuos. Desde que se conociera la anulación de la concesión del ‘macrocontrato’, diversos recursos han alargado una transición durante la que se ha vivido una huelga, pero que sigue sin resolverse.
No es la excepción que confirma la regla. Esta misma semana, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León instó al Ayuntamiento de Cacabelos a reincorporar en su puesto al interventor titular y cesar a la persona que estaba realizando esta labor de forma interina, una muesca más en un municipio cuya vida ha estado marcada por los tribunales.
Y es que en julio el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó la anulación de las obras de ampliación del cementerio municipal, lo que obliga a la demolición la nueva infraestructura para devolver el espacio al estado anterior, lo que según las estimaciones del equipo de Gobierno del tripartito encabezado por el socialista Sergio Álvarez, supondrá un coste de 50.000 euros que se sumarán a los 200.000 que supuso en su día la ampliación, un proyecto aprobado en 2013 durante el gobierno del popular Adolfo Canedo, contra el que el actual regidor socialista, al considerarlo responsable, presentó una denuncia por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa que fue archivada por el juzgado.
Sí fue condenado por prevaricación el alcalde de Congosto, José Antonio Velasco. El Juzgado de lo Penal de Ponferrada le condenó a siete años de inhabilitación para el desempeño de un cargo público y una multa de 5.400 euros por un caso que se remonta al año 2009. El edil concedió una licencia para colocar un contador de luz de una vivienda que estaba siendo reformada pese a contar con informe contrarios de la arquitecta municipal y del SAM y sin seguir el procedimiento necesario.
En Castropodame, la secretaria del Ayuntamiento presentó el pasado mes de junio una denuncia contra el alcalde, Román Díaz y el ex alcalde en funciones, Felipe Durán, por prevaricación administrativa y acoso laboral por las discrepancias surgidas entre la funcionaria y el equipo de Gobierno.
En otros Ayuntamientos este tipo de discrepancias han generado tensión y han acabado también en procesos judiciales, única vía ante la imposibilidad de diálogo entre las diferentes fuerzas políticas. Es el caso de Berlanga del Bierzo, donde el concejal de Coalición por el Bierzo, José Díaz Alonso, presentó una querella contra el Ayuntamiento por el «incumplimiento sistemático» del equipo de Gobierno a la hora de facilitar la información solicitada por el edil.
En Ponferrada, el curso arranca con la ciudad todavía pendiente de solucionar el conflicto del servicio de recogida de residuos. Desde que se conociera la anulación de la concesión del ‘macrocontrato’, diversos recursos han alargado una transición durante la que se ha vivido una huelga, pero que sigue sin resolverse.
No es la excepción que confirma la regla. Esta misma semana, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León instó al Ayuntamiento de Cacabelos a reincorporar en su puesto al interventor titular y cesar a la persona que estaba realizando esta labor de forma interina, una muesca más en un municipio cuya vida ha estado marcada por los tribunales.
Y es que en julio el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó la anulación de las obras de ampliación del cementerio municipal, lo que obliga a la demolición la nueva infraestructura para devolver el espacio al estado anterior, lo que según las estimaciones del equipo de Gobierno del tripartito encabezado por el socialista Sergio Álvarez, supondrá un coste de 50.000 euros que se sumarán a los 200.000 que supuso en su día la ampliación, un proyecto aprobado en 2013 durante el gobierno del popular Adolfo Canedo, contra el que el actual regidor socialista, al considerarlo responsable, presentó una denuncia por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa que fue archivada por el juzgado.
Sí fue condenado por prevaricación el alcalde de Congosto, José Antonio Velasco. El Juzgado de lo Penal de Ponferrada le condenó a siete años de inhabilitación para el desempeño de un cargo público y una multa de 5.400 euros por un caso que se remonta al año 2009. El edil concedió una licencia para colocar un contador de luz de una vivienda que estaba siendo reformada pese a contar con informe contrarios de la arquitecta municipal y del SAM y sin seguir el procedimiento necesario.
En Castropodame, la secretaria del Ayuntamiento presentó el pasado mes de junio una denuncia contra el alcalde, Román Díaz y el ex alcalde en funciones, Felipe Durán, por prevaricación administrativa y acoso laboral por las discrepancias surgidas entre la funcionaria y el equipo de Gobierno.
En otros Ayuntamientos este tipo de discrepancias han generado tensión y han acabado también en procesos judiciales, única vía ante la imposibilidad de diálogo entre las diferentes fuerzas políticas. Es el caso de Berlanga del Bierzo, donde el concejal de Coalición por el Bierzo, José Díaz Alonso, presentó una querella contra el Ayuntamiento por el «incumplimiento sistemático» del equipo de Gobierno a la hora de facilitar la información solicitada por el edil.