El Defensor del Pueblo, institución de ámbito nacional que dirige en funciones Francisco Fernández Marugán, ha presentado este lunes en el Congreso de los Diputados su informe anual de 2017, en el que aparecen un total de 227 expedientes de queja procedentes de la provincia de León. Esto supone once más que en 2016, cuando se habían contabilizado 216 expedientes. Esto deja un incremento de un 7,4%.
Mientras, la institución tramitó 3.050 expedientes de quejas en Castilla y León, lo que supone que casi triplicó la cifra de 2016 (habían sido 1.095). Asimismo, inició de oficio un total de once investigaciones vinculadas con la administración autonómica.
El Defensor del Pueblo tramitó el pasado año 25.776 expedientes en España, entre quejas (24.976), investigaciones de oficio (760) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40). Castilla y León representó un 12,39%, cuando en 2016 había acaparado sólo un 6,78%. Por provincias, el incremento de las quejas se debió fundamentalmente al dato de Burgos, donde se registraron 1.909 frente a las 135 del año anterior. En Salamanca se presentaron 230 quejas (107 más que en 2016) en Valladolid, 300 (son 49 más) y en Zamora, 92 (el incremento es de 21). Mientras, en Soria se tramitaron 37 expedientes (seis más) y en Palencia, 110 (el incremento es de dos). Las quejas sólo bajaron en Segovia (de las 87 a 72), mientras que permanecieron estables en la provincia de Ávila (73).
La institución ha llevado al fiscal el caso de Matallana de Torío por una presunta ‘actuación obstaculizadora’El Defensor del Pueblo ha trasladado a la Fiscalía General del Estado el caso de 19 ayuntamientos españoles a los que acusa de una presunta "actuación obstaculizadora" de su trabajo por no responder a sus continuos requerimientos de información. En ese listado aparece un municipio leonés, el de Matallana de Torío, por la falta de resolución de una reclamación contra la calificación de parcelas como urbanas y la repercusión en el IBI.
Mientras, en el listado de instituciones que el año pasado no contestaron al tercer requerimiento del Defensor del Pueblo aparece el Colegio de Abogados de León por una actuación vinculada a las demoras en la tramitación de un expediente incoado tras una solicitud de asistencia jurídica gratuita.
Mientras, la institución emprendió actuaciones de oficio por las deficiencias del cuartel de la Guardia Civil en Cacabelos, por dos fallecimientos y presuntos malos tratos en la prisión de Mansilla de las Mulas, por el impacto ambiental de las obras de la Variante de Pajares y por la exclusión financiera que sufren varias provincias, entre ellas León, por el cierre de sucursales de las cajas.
Mientras, la institución tramitó 3.050 expedientes de quejas en Castilla y León, lo que supone que casi triplicó la cifra de 2016 (habían sido 1.095). Asimismo, inició de oficio un total de once investigaciones vinculadas con la administración autonómica.
El Defensor del Pueblo tramitó el pasado año 25.776 expedientes en España, entre quejas (24.976), investigaciones de oficio (760) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40). Castilla y León representó un 12,39%, cuando en 2016 había acaparado sólo un 6,78%. Por provincias, el incremento de las quejas se debió fundamentalmente al dato de Burgos, donde se registraron 1.909 frente a las 135 del año anterior. En Salamanca se presentaron 230 quejas (107 más que en 2016) en Valladolid, 300 (son 49 más) y en Zamora, 92 (el incremento es de 21). Mientras, en Soria se tramitaron 37 expedientes (seis más) y en Palencia, 110 (el incremento es de dos). Las quejas sólo bajaron en Segovia (de las 87 a 72), mientras que permanecieron estables en la provincia de Ávila (73).
La institución ha llevado al fiscal el caso de Matallana de Torío por una presunta ‘actuación obstaculizadora’El Defensor del Pueblo ha trasladado a la Fiscalía General del Estado el caso de 19 ayuntamientos españoles a los que acusa de una presunta "actuación obstaculizadora" de su trabajo por no responder a sus continuos requerimientos de información. En ese listado aparece un municipio leonés, el de Matallana de Torío, por la falta de resolución de una reclamación contra la calificación de parcelas como urbanas y la repercusión en el IBI.
Mientras, en el listado de instituciones que el año pasado no contestaron al tercer requerimiento del Defensor del Pueblo aparece el Colegio de Abogados de León por una actuación vinculada a las demoras en la tramitación de un expediente incoado tras una solicitud de asistencia jurídica gratuita.