El consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha firmado este lunes un convenio con los alcaldes de los ayuntamientos de Bembibre, Benavides de Órbigo, Villaobispo de Otero, Santa María del Páramo y Carracedelo para desarrollar en estos municipios el programa Rehabitare de la Junta.
Se trata de un plan que pretende reformar diez casas de titularidad municipal que están en desuso y en mal estado para que puedan ser incorporadas al parque público de viviendas sociales.
Los ayuntamientos de Villadepalos y Carneros aportan una vivienda cada uno de ellos, Santa María del Páramo y Benavides dos y Bembibre cuatro más. En total, la Junta destinará a estas rehabilitaciones un total de 252.160 euros. El plan Rehabitare pretende llegar a más de 60 municipios en toda la comunidad, con actuaciones en torno a ocho viviendas por cada uno de ellos, con un presupuesto global de 2,2 millones.
Suárez-Quiñones ha explicado además que el objetivo es incrementar el número de viviendas sociales que hay en la provincia de León en particular y en Castilla y León en general.
El consejero ha especificado que todas estas viviendas están ocupadas, salvo alguna reserva para casos urgentes, como pueden ser los de violencia contra la mujer.
Se trata de un plan que pretende reformar diez casas de titularidad municipal que están en desuso y en mal estado para que puedan ser incorporadas al parque público de viviendas sociales.
Los ayuntamientos de Villadepalos y Carneros aportan una vivienda cada uno de ellos, Santa María del Páramo y Benavides dos y Bembibre cuatro más. En total, la Junta destinará a estas rehabilitaciones un total de 252.160 euros. El plan Rehabitare pretende llegar a más de 60 municipios en toda la comunidad, con actuaciones en torno a ocho viviendas por cada uno de ellos, con un presupuesto global de 2,2 millones.
Suárez-Quiñones ha explicado además que el objetivo es incrementar el número de viviendas sociales que hay en la provincia de León en particular y en Castilla y León en general.
El consejero ha especificado que todas estas viviendas están ocupadas, salvo alguna reserva para casos urgentes, como pueden ser los de violencia contra la mujer.