Juana Rivas ha puesto fin este martes a su fuga. Tras casi un mes en paradero desconocido con sus hijos, después de negarse a entregarlos al padre que la maltrató, la madre de Granada se ha presentado en los juzgados de la capital escoltada por agentes policiales. Rivas ha llegado en torno a las 11:00 de la mañana a la sede judicial de la Caleta, tal y como había adelantado ABC, y lo ha hecho acompañada de sus asesoras y su hermana Isabel. Su llegada se ha producido por separado, pues Juana Rivas ha sido detenida y puesta a disposición judicial, según ha podido saber este periódico por fuentes autorizadas, si bien su abogada ha asegurado que en ningún momento ha pisado los juzgados.
La situación judicial de Juana Rivas se ha complicado notablemente en los últimos días. Sobre ella pesa una orden de busca y captura por no comparecer ante el Juzgado de Instrucción 3 de Granada, que la investiga por el presunto secuestro de sus hijos, con los que se dio a la fuga el pasado 26 de julio; el mismo día que debía entregarlos a Francesco Arcuri, condenado en 2009 por malos tratos, de acuerdo con una sentencia del Juzgado de Primera Instancia 2 de Granada que ya sólo podrá ser recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Desde su fuga, el paradero de Juana Rivas ha sido una incógnita. Su caso ha suscitado un enorme interés mediático que revela el debate de fondo existente en España en relación con la violencia de género. Mientras que la legislación nacional en esta materia –una de las más desarrolladas de Europa– valora a los hijos de victimas de dicha violencia también como víctimas, la sentencia por la que Juana Rivas debe entregarlos al padre no contempla esta normativa y se ciñe al Convenio de la Haya, sin tener en cuenta el posible riesgo que ello supondría para los menores.
Juana Rivas esgrime que su proceso judicial habría cambiado si se hubiera tramitado en tiempo la denuncia por malos tratos que interpuso en 2016 contra Arcuri después de huir con sus hijos de Italia. Esta denuncia ha permanecido más de un año a la espera de ser traducida y no fue hasta hace unos días cuando las autoridades judiciales españolas enviaron el texto a las instituciones italianas.
La situación judicial de Juana Rivas se ha complicado notablemente en los últimos días. Sobre ella pesa una orden de busca y captura por no comparecer ante el Juzgado de Instrucción 3 de Granada, que la investiga por el presunto secuestro de sus hijos, con los que se dio a la fuga el pasado 26 de julio; el mismo día que debía entregarlos a Francesco Arcuri, condenado en 2009 por malos tratos, de acuerdo con una sentencia del Juzgado de Primera Instancia 2 de Granada que ya sólo podrá ser recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Desde su fuga, el paradero de Juana Rivas ha sido una incógnita. Su caso ha suscitado un enorme interés mediático que revela el debate de fondo existente en España en relación con la violencia de género. Mientras que la legislación nacional en esta materia –una de las más desarrolladas de Europa– valora a los hijos de victimas de dicha violencia también como víctimas, la sentencia por la que Juana Rivas debe entregarlos al padre no contempla esta normativa y se ciñe al Convenio de la Haya, sin tener en cuenta el posible riesgo que ello supondría para los menores.
Juana Rivas esgrime que su proceso judicial habría cambiado si se hubiera tramitado en tiempo la denuncia por malos tratos que interpuso en 2016 contra Arcuri después de huir con sus hijos de Italia. Esta denuncia ha permanecido más de un año a la espera de ser traducida y no fue hasta hace unos días cuando las autoridades judiciales españolas enviaron el texto a las instituciones italianas.