La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta asegura que estudiará las quejas presentadas por un grupo de familiares de ancianos residentes del centro de personas mayores Las Candelas, en el municipio berciano de Toreno, por los «incumplimientos», apunta, que aseguran que se están produciendo con respecto a la guía de actuación para residencias publicada dictada por el Ejecutivo autonómico tras la pandemia del COVID-19.
Según los familiares, la actual dirección del centro está «aprovechando el virus para hacer lo que le da la gana, sin control y en contra de la normativa vigente», lo que provoca un «deterioro físico y mental grande» entre los residentes, lamentan.
Los familiares denunciaron la «pésima gestión» de la residencia como el régimen de aislamiento, la duración de las visitas o la oferta puntual de información a las familias.
Al respecto, señalaron que los ancianos deben hacer frente a un período de aislamiento de 15 días a su regreso del hospital, aunque dispongan de una PCR negativa, cuando se someten a procesos como una revisión médica o un ingreso sin transitar por las zonas COVID del centro sanitario. «Los tienen prisioneros sin ser delincuentes», denuncian los familiares, que recordaron que esta situación se extiende ya por seis meses, con visitas suspendidas en dos ocasiones «sin ningún tipo de justificación». «No se van a morir de COVID-19 pero se van a morir de asco», añadieron los representantes de las familias, que criticaron que las vistas se limiten a 15 minutos cuando la normativa permite hasta una hora.
Dicen que también se incumple la normativa que obliga a mantener dos habitaciones libres para atender a posibles enfermos de COVID-19. Además, la «falta de personal» mantiene al centro sin enfermera desde el pasado 22 de agosto, denunciaron. «A la residencia se va a tener calidad de vida, no se va a morir», indicaron los denunciantes que apelan a la intervención de la administración.
Según los familiares, la actual dirección del centro está «aprovechando el virus para hacer lo que le da la gana, sin control y en contra de la normativa vigente», lo que provoca un «deterioro físico y mental grande» entre los residentes, lamentan.
Los familiares denunciaron la «pésima gestión» de la residencia como el régimen de aislamiento, la duración de las visitas o la oferta puntual de información a las familias.
Al respecto, señalaron que los ancianos deben hacer frente a un período de aislamiento de 15 días a su regreso del hospital, aunque dispongan de una PCR negativa, cuando se someten a procesos como una revisión médica o un ingreso sin transitar por las zonas COVID del centro sanitario. «Los tienen prisioneros sin ser delincuentes», denuncian los familiares, que recordaron que esta situación se extiende ya por seis meses, con visitas suspendidas en dos ocasiones «sin ningún tipo de justificación». «No se van a morir de COVID-19 pero se van a morir de asco», añadieron los representantes de las familias, que criticaron que las vistas se limiten a 15 minutos cuando la normativa permite hasta una hora.
Dicen que también se incumple la normativa que obliga a mantener dos habitaciones libres para atender a posibles enfermos de COVID-19. Además, la «falta de personal» mantiene al centro sin enfermera desde el pasado 22 de agosto, denunciaron. «A la residencia se va a tener calidad de vida, no se va a morir», indicaron los denunciantes que apelan a la intervención de la administración.