Greenpeace propuso este lunes el cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón en España para 2025 y denunció que las ayudas al sector "le han costado a los ciudadanos más de 32.000 millones de euros" gracias a "facilidades legales para alargar la vida contaminante" de estas instalaciones.
La organización ecologista difundió su informe 'Las trampas del carbón' antes de que el próximo 1 de octubre se cierre la lista de centrales térmicas "que aspiran a seguir contaminando más tiempo" optando por una de las dos excepciones para alargar su vida, ya sea al Plan Nacional Transitorio o a la Excepción por Vida Útil Limitada.
De las 19 grandes instalaciones de combustión que utilizan carbón en España, 17 han decidido acogerse a alguna excepción para el cumplimiento de las emisiones contaminantes, según Greenpeace. Seis de ellas se han sumado a las dos excepciones, contraviniendo así una decisión de la Comisión Europea de que sólo pueden acogerse a una.
"Las centrales térmicas españolas siempre se han ido acogiendo a las excepciones previstas por la normativa europea, retrasando así la reducción de emisiones de contaminantes que tantos perjuicios provocan a la salud y al medio ambiente", declaró Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace.
Esta organización señaló que tanto las centrales que queman carbón autóctono como las que queman carbón de importación se han beneficiado de ayudas y subvenciones que, junto con los ingresos que recibieron por el normal funcionamiento del mercado eléctrico, superan los 10.600 millones de euros. En concreto, el carbón autóctono se benefició de 1.300 millones de euros entre 2011 y 2014 por el mecanismo de Restricción por Garantía de Suministro (RGS), que tenía como finalidad incentivar el uso del carbón autóctono en la generación de electricidad.
A ello hay que sumar las ayudas a la extracción de este mineral, que desde el año 1992 llegan a los 22.000 millones de euros, de manera que, "a día de hoy, estos subsidios le han costado a los ciudadanos más de 32.000 millones de euros", según Greenpeace.
Esta organización subrayó que la quema de carbón además de ser es el combustible fósil más contaminante y responsable de aproximadamente del 70 por ciento de las emisiones de CO2 de todo el sector de producción de electricidad, es responsable de unos 3.700 millones de euros anuales en costes de la salud en España, que pueden alcanzar entre 4.337 y 11.884 millones de euros si llega a aplicarse el Plan Nacional Transitorio español, que iría de 2016 a 2020.
"Al final, todos estos costes repercuten en todos los ciudadanos, ya que mientras que las ayudas a la extracción han ido con cargo a los Presupuesto Generales del Estado, es decir los pagamos con nuestros impuestos, las ayudas a la quema de carbón las hemos pagado los consumidores a través tanto de la tarifa eléctrica como de nuestra salud", apuntó Nuño.
Greenpeace aseguró que las centrales térmicas de carbón en España "no son necesarias para garantizar la seguridad de suministro del sistema eléctrico", ya que tienen una potencia instalada de 11.482 megavatios y existe un exceso de capacidad eléctrica instalada de unos 12.000 megavatios, de manera que la seguridad del servicio "no se vería afectada" aun "prescindiendo absolutamente del carbón para producir electricidad".
Por ello, Greenpeace pidió al Gobierno y a los principales partidos que se presentan en las próximas elecciones generales que trabajen seriamente en un plan justo con fecha de cierre para todo el carbón en España, "por ser una fuente de energía inviable económicamente, innecesaria, perjudicial para la salud e incompatible con la lucha contra el cambio climático".
"El uso del carbón choca frontalmente con los objetivos que han de conseguirse en la Cumbre climática de París el próximo diciembre para asegurar que nos mantenemos lo más alejado posible de un aumento de temperaturas de dos graods, o incluso 1,5. El Gobierno de España tiene que aprobar nuevas políticas climáticas y energéticas que garanticen el abandono del carbón y nos sitúen a la cabeza de Europa en la lucha contra el cambio climático", explicó Nuño.
En este sentido, Greenpeace reclamó al Gobierno que concrete un plan con fecha de cierre progresivo de las térmicas de carbón para 2025 que incluya el descenso paulatino del uso del carbón y la transformación para los trabajadores del sector; que garantice que todas esta centrales cumplan los límites de emisión según la normativa europea y que las que no los vayan a cumplir cierren antes de 2023; que elimine las subvenciones a las energías "sucias e ineficientes", establezca un calendario de abandono progresivo de las ayudas y apoye en la cumbre del clima que se celebrará próximamente en París (Francia) un compromiso de emisiones cero y un sistema energético 100 por 100 basado en energías renovables para 2050.
La organización ecologista difundió su informe 'Las trampas del carbón' antes de que el próximo 1 de octubre se cierre la lista de centrales térmicas "que aspiran a seguir contaminando más tiempo" optando por una de las dos excepciones para alargar su vida, ya sea al Plan Nacional Transitorio o a la Excepción por Vida Útil Limitada.
De las 19 grandes instalaciones de combustión que utilizan carbón en España, 17 han decidido acogerse a alguna excepción para el cumplimiento de las emisiones contaminantes, según Greenpeace. Seis de ellas se han sumado a las dos excepciones, contraviniendo así una decisión de la Comisión Europea de que sólo pueden acogerse a una.
"Las centrales térmicas españolas siempre se han ido acogiendo a las excepciones previstas por la normativa europea, retrasando así la reducción de emisiones de contaminantes que tantos perjuicios provocan a la salud y al medio ambiente", declaró Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace.
Esta organización señaló que tanto las centrales que queman carbón autóctono como las que queman carbón de importación se han beneficiado de ayudas y subvenciones que, junto con los ingresos que recibieron por el normal funcionamiento del mercado eléctrico, superan los 10.600 millones de euros. En concreto, el carbón autóctono se benefició de 1.300 millones de euros entre 2011 y 2014 por el mecanismo de Restricción por Garantía de Suministro (RGS), que tenía como finalidad incentivar el uso del carbón autóctono en la generación de electricidad.
A ello hay que sumar las ayudas a la extracción de este mineral, que desde el año 1992 llegan a los 22.000 millones de euros, de manera que, "a día de hoy, estos subsidios le han costado a los ciudadanos más de 32.000 millones de euros", según Greenpeace.
Exceso de capacidad eléctrica
Esta organización subrayó que la quema de carbón además de ser es el combustible fósil más contaminante y responsable de aproximadamente del 70 por ciento de las emisiones de CO2 de todo el sector de producción de electricidad, es responsable de unos 3.700 millones de euros anuales en costes de la salud en España, que pueden alcanzar entre 4.337 y 11.884 millones de euros si llega a aplicarse el Plan Nacional Transitorio español, que iría de 2016 a 2020.
"Al final, todos estos costes repercuten en todos los ciudadanos, ya que mientras que las ayudas a la extracción han ido con cargo a los Presupuesto Generales del Estado, es decir los pagamos con nuestros impuestos, las ayudas a la quema de carbón las hemos pagado los consumidores a través tanto de la tarifa eléctrica como de nuestra salud", apuntó Nuño.
Greenpeace aseguró que las centrales térmicas de carbón en España "no son necesarias para garantizar la seguridad de suministro del sistema eléctrico", ya que tienen una potencia instalada de 11.482 megavatios y existe un exceso de capacidad eléctrica instalada de unos 12.000 megavatios, de manera que la seguridad del servicio "no se vería afectada" aun "prescindiendo absolutamente del carbón para producir electricidad".
Por ello, Greenpeace pidió al Gobierno y a los principales partidos que se presentan en las próximas elecciones generales que trabajen seriamente en un plan justo con fecha de cierre para todo el carbón en España, "por ser una fuente de energía inviable económicamente, innecesaria, perjudicial para la salud e incompatible con la lucha contra el cambio climático".
"El uso del carbón choca frontalmente con los objetivos que han de conseguirse en la Cumbre climática de París el próximo diciembre para asegurar que nos mantenemos lo más alejado posible de un aumento de temperaturas de dos graods, o incluso 1,5. El Gobierno de España tiene que aprobar nuevas políticas climáticas y energéticas que garanticen el abandono del carbón y nos sitúen a la cabeza de Europa en la lucha contra el cambio climático", explicó Nuño.
En este sentido, Greenpeace reclamó al Gobierno que concrete un plan con fecha de cierre progresivo de las térmicas de carbón para 2025 que incluya el descenso paulatino del uso del carbón y la transformación para los trabajadores del sector; que garantice que todas esta centrales cumplan los límites de emisión según la normativa europea y que las que no los vayan a cumplir cierren antes de 2023; que elimine las subvenciones a las energías "sucias e ineficientes", establezca un calendario de abandono progresivo de las ayudas y apoye en la cumbre del clima que se celebrará próximamente en París (Francia) un compromiso de emisiones cero y un sistema energético 100 por 100 basado en energías renovables para 2050.