A principios de este mes saltaba la noticia, que era recogida por el rotativo asturiano La Nueva España. Rodolfo Cachero Pereda, empresario propietario de la Compañía Minera Asturleonesa, está en busca y captura tras ordenar su ingreso en prisión el Juzgado de lo penal número tres de Oviedo. El motivo, cumplir la condena de 30 meses que le fue impuesta a principios de este año por fraude fiscal cuando estaba al frente de Coto Minero Jove, otra sociedad hullera en el municipio asturiano de Aller. Además, el juez mercantil apartaba a Cachero de la gestión de Asturleonesa, inmersa en un concurso de acreedores.
El motivo de esta condena de 30 meses de prisión, según detalla el citado periódico, se debe a ocho delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2002 y 2004 en Jovesa. En febrero de 2016, el juez de primera instancia fijó penas de un año de prisión por cada uno de los delitos. La Audiencia Provincial revisó después la pena al estimar el atenuante de dilación indebida del proceso, rebajándola a 10 meses de privación de libertad por cada delito. Con arreglo a lo que marca la legislación española, el tiempo máximo que Rodolfo Cachero debería permanecer en prisión no puede exceder de 30 meses. Además, la sentencia también condena al empresario minero al pago de multas que ascienden a 3,75 millones de euros.
Días después de salir a la luz la noticia de la orden de detención contra Cachero, el pasado 3 de agosto, los Administradores Concursales tomaban las riendas de las explotaciones de Cerredo y anunciaban la revisión de documentos y contratos para descartar que existan irregularidades.
Sin noticias de su paradero, su representante legal, Francisco Maroto, señaló a los medios asturianos que la situación procesal de Rodolfo Cachero permanece sin cambios, y que está pendiente de que el juzgado decida sobre varios recursos presentados contra la orden de encarcelamiento. Casi dos semanas después de la orden de búsqueda y captura poco o nada se sabe sobre su paradero real.
El motivo de esta condena de 30 meses de prisión, según detalla el citado periódico, se debe a ocho delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2002 y 2004 en Jovesa. En febrero de 2016, el juez de primera instancia fijó penas de un año de prisión por cada uno de los delitos. La Audiencia Provincial revisó después la pena al estimar el atenuante de dilación indebida del proceso, rebajándola a 10 meses de privación de libertad por cada delito. Con arreglo a lo que marca la legislación española, el tiempo máximo que Rodolfo Cachero debería permanecer en prisión no puede exceder de 30 meses. Además, la sentencia también condena al empresario minero al pago de multas que ascienden a 3,75 millones de euros.
Días después de salir a la luz la noticia de la orden de detención contra Cachero, el pasado 3 de agosto, los Administradores Concursales tomaban las riendas de las explotaciones de Cerredo y anunciaban la revisión de documentos y contratos para descartar que existan irregularidades.
Sin noticias de su paradero, su representante legal, Francisco Maroto, señaló a los medios asturianos que la situación procesal de Rodolfo Cachero permanece sin cambios, y que está pendiente de que el juzgado decida sobre varios recursos presentados contra la orden de encarcelamiento. Casi dos semanas después de la orden de búsqueda y captura poco o nada se sabe sobre su paradero real.