José Manuel Ramos Gordón comenzó este miércoles, según anunció el pasado día de Año Nuevo el Obispado de Astorga, a cumplir su pena de diez años de residencia en un monasterio fuera de la Diócesis. Una condena impuesta por la Congregación para la Doctrina de la Fe como respuesta al tercer caso de abusos sexuales sobre menores de este párroco, en el colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria, que se sumó a los abusos reconocidos sobre dos hermanos en el Seminario de La Bañeza, por lo que fue apartado un año del ejercicio ministerio sacerdotal.
Una pena que para el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, es una de las más duras que existen, teniendo en cuenta que los delitos ya han prescrito, pero que no convence ni a los exseminaristas del centro bañezano ni mucho menos a las propias víctimas. Javier, primera víctima reconocida de este sacerdote junto a su hermano –ya fallecido–denuncia que su «verdugo» comenzó ayer unas «vacaciones» en las que «no va a dar palo al agua» y «va a estar mejor que sus compañeros», lamenta. Por lo que, «si eso es un castigo...» Tampoco se cree Javier, primero en denunciar y sacar a la luz el caso de Ramos Gordón y que desde el primer momento ha decidido mantener su anonimato, que el sacerdote «vaya a estar allí enclaustrado». Un destino en el que tendrá que residir los próximo diez años y que la Diócesis de Astorga no reveló. «Leerá y paseará», ejemplifica la víctima, «hay gente que paga por hacer retiros espirituales en monasterios».
Por tanto, para Javier tanto la pena como el comunicado remitido desde la Diócesis de Astorga es un «lavado de cara» en el que dicen «más de lo mismo» mientras «continúan sin reparar a las víctimas y sin escucharnos». Una lucha, la de la reparación, que esta víctima persigue desde su última reunión con el obispo de Astorga. «Insisto en que tengan que pagar porque es lo único que les jode», asegura confirmando que la indemnización económica no era lo que buscaba cuando comenzó con todo este proceso por el que, advierte, seguirá luchando. Para Ramos Gordón pide lo mismo que el colectivo de exseminaristas que, por activa y por pasiva, reclaman «justicia», la excomunión. «Lo que tienen que hacer es expulsarle y hacer honor a la ‘tolerancia cero’ de la que predican», reclama. Una posición que se ha mantenido en diversas manifestaciones celebradas en Astorga, la última hace poco más de un mes, en la que advirtieron que seguirían con sus reclamaciones para que «todo esto no quede en el olvido porque hay familias enteras estigmatizadas».
Una pena que para el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, es una de las más duras que existen, teniendo en cuenta que los delitos ya han prescrito, pero que no convence ni a los exseminaristas del centro bañezano ni mucho menos a las propias víctimas. Javier, primera víctima reconocida de este sacerdote junto a su hermano –ya fallecido–denuncia que su «verdugo» comenzó ayer unas «vacaciones» en las que «no va a dar palo al agua» y «va a estar mejor que sus compañeros», lamenta. Por lo que, «si eso es un castigo...» Tampoco se cree Javier, primero en denunciar y sacar a la luz el caso de Ramos Gordón y que desde el primer momento ha decidido mantener su anonimato, que el sacerdote «vaya a estar allí enclaustrado». Un destino en el que tendrá que residir los próximo diez años y que la Diócesis de Astorga no reveló. «Leerá y paseará», ejemplifica la víctima, «hay gente que paga por hacer retiros espirituales en monasterios».
Por tanto, para Javier tanto la pena como el comunicado remitido desde la Diócesis de Astorga es un «lavado de cara» en el que dicen «más de lo mismo» mientras «continúan sin reparar a las víctimas y sin escucharnos». Una lucha, la de la reparación, que esta víctima persigue desde su última reunión con el obispo de Astorga. «Insisto en que tengan que pagar porque es lo único que les jode», asegura confirmando que la indemnización económica no era lo que buscaba cuando comenzó con todo este proceso por el que, advierte, seguirá luchando. Para Ramos Gordón pide lo mismo que el colectivo de exseminaristas que, por activa y por pasiva, reclaman «justicia», la excomunión. «Lo que tienen que hacer es expulsarle y hacer honor a la ‘tolerancia cero’ de la que predican», reclama. Una posición que se ha mantenido en diversas manifestaciones celebradas en Astorga, la última hace poco más de un mes, en la que advirtieron que seguirían con sus reclamaciones para que «todo esto no quede en el olvido porque hay familias enteras estigmatizadas».