Cincuenta por ciento de la mujer, cincuenta por ciento del hombre. Así es la propiedad de 53 explotaciones agrarias en la provincia de León donde se ha alcanzado esta cifra después de que esta figura jurídica entrase en vigor en el pasado año 2011. La cifra ha aumentado con respecto a años precedentes de modo que en 2016 eran 22 las explotaciones de este tipo que había registradas en León. Estos son los últimos datos facilitados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y referentes al 2018, año en el que a nivel nacional se constituyeron en toda españa 500 explotaciones de este tipo, siendo la provincia de León en la que más registros de este tipo se produjeron en el contexto de Castilla y León donde se contabilizan un total de 176, seguida de cerca por Castilla-La Mancha donde hay 160.
Asaja de León ha valorado estos datos y se ha mostrado "partidaria de impulsar esta figura jurídica y en ello trabaja desde que se publicara la Ley 35/2011, siendo el resultado que, de los 53 expedientes de la provincia de León, 36 se han gestionado en esta organización agraria, lo que representa el 68 por ciento", explican.
Como se recoge en el preámbulo de la ley, "la titularidad compartida constituye un factor de cambio de las estructuras agrarias de modo que las mujeres del mundo rural gocen de una igualdad de derechos efectiva respecto de los hombres, permitiendo la supresión de barreras formales y sustantivas, así como la potenciación de ciertos valores en las mujeres del mundo rural, tales como la confianza, la igualdad y la no discriminación, la visibilidad y, por tanto el desarrollo sostenible".
La administración de la titularidad compartida es de ambas personas titulares, la representación es solidaria, y la responsabilidad directa, personal, solidaria e ilimitada de los dos titulares, que a su vez se reparten los rendimientos generados al cincuenta por ciento. Esta forma jurídica de carácter voluntario facilita la gestión de las explotaciones en la que trabajan ambos cónyuges o parejas de hecho al hacerlo bajo un único número de identificación fiscal, no supone la pérdida de la fiscalidad específica de los agricultores de alta como personas físicas y, por el contrario, representa "indudables mejoras" en el acceso a ayudas públicas tanto en el importe de dichas ayudas como en la priorización de los expedientes. Además, las titularidades compartidas tienen la consideración de explotación agraria prioritaria a efectos de Ley 19/1995, inciden desde la organización agraria Asaja.
Esta considera que a la figura de titularidad compartida de explotaciones agrarias "le queda todavía mucho recorrido en la provincia de León habida cuenta de que hay un 36 por ciento de mujeres cotizando a la Seguridad Social como autónomas de la agricultura, y que la mayoría forman parte de una explotación compartida con su cónyuge en régimen de gananciales".
Asaja de León ha valorado estos datos y se ha mostrado "partidaria de impulsar esta figura jurídica y en ello trabaja desde que se publicara la Ley 35/2011, siendo el resultado que, de los 53 expedientes de la provincia de León, 36 se han gestionado en esta organización agraria, lo que representa el 68 por ciento", explican.
Como se recoge en el preámbulo de la ley, "la titularidad compartida constituye un factor de cambio de las estructuras agrarias de modo que las mujeres del mundo rural gocen de una igualdad de derechos efectiva respecto de los hombres, permitiendo la supresión de barreras formales y sustantivas, así como la potenciación de ciertos valores en las mujeres del mundo rural, tales como la confianza, la igualdad y la no discriminación, la visibilidad y, por tanto el desarrollo sostenible".
La administración de la titularidad compartida es de ambas personas titulares, la representación es solidaria, y la responsabilidad directa, personal, solidaria e ilimitada de los dos titulares, que a su vez se reparten los rendimientos generados al cincuenta por ciento. Esta forma jurídica de carácter voluntario facilita la gestión de las explotaciones en la que trabajan ambos cónyuges o parejas de hecho al hacerlo bajo un único número de identificación fiscal, no supone la pérdida de la fiscalidad específica de los agricultores de alta como personas físicas y, por el contrario, representa "indudables mejoras" en el acceso a ayudas públicas tanto en el importe de dichas ayudas como en la priorización de los expedientes. Además, las titularidades compartidas tienen la consideración de explotación agraria prioritaria a efectos de Ley 19/1995, inciden desde la organización agraria Asaja.
Esta considera que a la figura de titularidad compartida de explotaciones agrarias "le queda todavía mucho recorrido en la provincia de León habida cuenta de que hay un 36 por ciento de mujeres cotizando a la Seguridad Social como autónomas de la agricultura, y que la mayoría forman parte de una explotación compartida con su cónyuge en régimen de gananciales".