Una investigación desvela 'disfunciones' en la construcción del campus de Ponferrada

¿Por qué se decidió construir un campus en Ponferrada, cuando su crecimiento demográfico era negativo?, ¿por qué se hizo para 150.000 habitantes, cuando su público objetivo era muy inferior?, ¿cómo se concretaron las ventas de parcelas y reparcelamientos de la zona en la que se ubica? Esas fueron las incógnitas iniciales que movieron al profesor Francisco Álvarez a iniciar una investigación sobre el origen, el pasado y el presente de un  campus que languidece sin encontrar aliados para que no sea así.

Asegura Álvarez que el campus nunca ha conseguido despegar desde su puesta en marcha en el curso 1996-1997 en el que compartió estudios con 149 alumnos desde el edificio del antiguo Hospital Camino de Santiago. Para abrir estas dependencias fue necesaria la ayuda de fondos Miner, una inversión «que no es trasparente», dice Álvarez, y de la que no se han pedido cuentas. Es una de las «disfunciones» que apunta que ha detectado en su estudio, que espera publicar en breve y que ha tenido dificultades. Asegura Álvarez que no pudo acceder, de inicio, a información pública del catastro para conocer el asentamiento del campus y cómo se consiguió consolidar la zona que ocupa.

Reconoce que esas «disfunciones» se han dado en la zona del campus y también en la de La Rosaleda, barrio en el que incluso se entablaron litigios. Más calmada fue la construcción del campus «que se vendió como algo bueno que la población quería» y que, a día de hoy considera que «ha sido un gasto inútil. Ponferrada no necesitaba esa universidad, pero no hubo un estudio de viabilidad».

En el análisis de Álvarez sobre el desarrollo del campus ve «una cortina de humo ante el gran problema de urbanismo que tiene Ponferrada. Quizás lo dejaron anquilosado porque no hay un estudio previo ni ganas de incentivar a la población estudiantil y la impartición de enseñanzas», considera. Ese problema viene ya con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, en etapa del alcalde popular, Carlos López Riesco, un proceso que considera alarmante por la falta de participación en el mismo. Teme que en todo ese procedimiento se intentara crear en el campus «un reservorio» de parcelas «para hacer alguna maniobra» con posterioridad, aunque no ha podido acceder a ningún documento que lo pruebe, pese a su insistencia en solicitarlo. Falta el principal documento, dice «y no te lo dan ni el Catastro ni en el Ayuntamiento ni en la Junta, es la Ponencia de Valores del PGOU. Ahí te encuentras con un muro y es importante para considerar los valores de las fincas afectadas por el campus».

Ante esa carencia, Álvarez se retrotrae a la aprobación de ese Planeamiento «que se aprueba sin debate y por el método de la imposición», dice. No hay consenso, pero, además, asegura que comienza a aparecer la empresa municipal gestora del suelo, Pongesur «que parece gozar de autonomía porque no aparece en las actas, no se sabe si es autónoma o pertenece al Ayuntamiento», dice. «Se toman decisiones con la oposición en contra y se daña la propiedad privada» en ese momento, dando a luz un PGOU «con sombras que pide revisión a voz en grito, pero la inercia del Consistorio no lo permite», lamenta.

El autor de la investigación deja claro que con su trabajo no quiere echar por tierra el campus sino «revalorizarlo» para que tenga porvenir «creo que la comarca debería basar su futuro desarrollo en un amplio plantel de empresas con objetivos sólidos, ilusionantes y con visión de futuro, avaladas y apoyadas por una actividad universitaria eficaz y de asesoría», apunta.