Fuentes de Apafle explican que no es la norma general, pero en su trabajo diario soportan situaciones de mucha tensión, llegando incluso a recibir amenazas como «te voy a confundir con un gocho (por un jabalí), ya sabes una bala perdida, que lo cubre el seguro». Situaciones que en la mayor parte de las ocasiones se producen con «una impunidad total». Por ello reclaman más medidas de seguridad. Recuerdan que son un colectivo laboral con alto riesgo "psicosocial", que llevan a cabo en solitario gran parte de su actividad, en zonas sin cobertura y con muy malas comunicaciones, a las que los agentes de Guardia Civil, el cuerpo al que deben pedir auxilio, tardaría mucho tiempo en llegar en caso de necesitar apoyo.
En los últimos años se han jubilado 76 agentes en Castilla y León y tan solo se han cubierto 5 de esas plazasPor ello reclaman más medios para desarrollar su trabajo con garantías de seguridad y eficacia. En este sentido, recuerdan que llevan más de 8 años sin renovar ni un coche de la flota de vehículos –que sin embargo cada año pasa la ITV–, que tienen una limitación por agente de 600 kilómetros al mes para realizar servicios, que en muchas oficinas hay un único vehículo para 5 agentes, que no reciben nuevos uniformes o botas desde 2011, que no se les dota de prioritarios azules para los vehículos, que enlos últimos años se han jubilado 76 agentes en Castilla y León y tan solo se han cubierto 5 de esas plazas, que la media de edad de la plantilla sobrepasa los 45 años en la provincia, que cuentan con un sólo teléfono móvil por comarca –salvo en campaña de incendios– o que las emisoras están obsoletas.
En este contexto, los responsables de velar por la conservación del Medio Ambiente de León, reclaman no solo más medios materiales para «trabajar más y mejor», sino también medidas como integrar al colectivo en el operativo del servicio de emergencias 1-1-2, en el que no están actualmente incluidos.
Reclaman también poder recibir cursos de formación en técnicas de defensa, que les han sido denegados en múltiples ocasiones, según denuncian desde Apafle, mientras la Administración autonómica sí los autoriza para otros cuerpos de seguridad del Estado. "No tenemos ni un protocolo de actuación", lamentan, para evitar episodios como los vividos, por ejemplo, en controles a pescadores, cuando se les reclama la documentación y "tenemos que escuchar entra al río a por ella si la quieres". En Apafle recuerdan que el año pasado se contabilizaron hasta 35 agresiones en toda España.
Por último, argumentan que no están reclamando de forma exclusiva poder portar armas de fuego, como ocurría antes de que se las retiraran en 2013. Una decisión que, según explican, estuvo motivada por la incapacidad para encontrar soluciones que garantizasen la seguridad de los armeros de las oficinas comarcales por parte de la Administración Pública, que acabó subastando las armas por 20 euros. "Nos echan a los pies de los caballos", resumen para advertir de que "lo de Lérida podría estar pasando aquí ahora mismo".
La Junta de personal denuncia ataques a vehículos y pintadas amenazantes
La Junta de Personal Funcionario de los Servicios Territoriales de León de la Junta ha manifestado esta semana su «total y absoluta repulsa condenando los hechos de forma unánime y guardando un minuto de silencio en el pleno del 27 de enero de 2017».La Junta de Personalrecuerda que «en el último año aumentó de una forma alarmante el número de agresiones que atentan contra la integridad física de los Agentes Forestales en toda España, así y por diferentes motivos en Salamanca, Ávila, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Extremadura, los agentes medioambientales han soportado destrozos en vehículos particulares y oficiales, pintadas amenazantes, y agresiones directas». Así las cosas, explican en un comunicado, «la Junta de Castilla y León recientemente, retiró las armas cortas de las que disponían hasta ahora, similares a las usadas en seguridad privada, que son las que actualmente ampara la legislación vigente».
Desde la Junta de Personal «recogiendo el sentir e inquietudes de los Agentes Medioambientales y Forestales» han planteado la necesidad de «ciertos cambios normativos y nueva legislación básica y específica que mejore su seguridad jurídica y protejan su integridad física».