Sentencian al Gobierno a pagar 50 millones en ayudas a Uminsa y CMC

Las cantidades corresponden a la subvención denegada en 2013

Ical/L.N.C.
11/09/2015
 Actualizado a 15/09/2019
Imagen de archivo del trabajadores en Uminsa en Santa Cruz del Sil. | Ical
Imagen de archivo del trabajadores en Uminsa en Santa Cruz del Sil. | Ical
 La Audiencia Nacional obliga al Gobierno de España a abonar 30 millones de euros a la empresa minera Uminsa, perteneciente al empresario Victorino Alonso, correspondientes a las ayudas delaño 2012 y que fueron denegadas en una resolución dictada por el Ministerio de Industria el 19 de febrerodel año 2013.

El Gobierno tendrán que desembolsar ahora 50 millones de euros para hacer frente al pago tanto de estas ayudas a Uminsa como de otros 20 millones a Coto Minero Cantábrico (CMC).

Esta sentencia judicial procede a anular las resoluciones del Instituto del Carbón, del Ministerio de Industria y exige que se dé traslado al Consejo de Ministros de la petición para que se proceda al abono de las cantidades correspondientes a la sociedad carbonera.
Así lo han comfirmado a la agencia Ical fuentes del grupo Alonso, que por el momento han preferido norealizar más valoraciones al respecto de estaresolución judicial.

Según el texto dictaminado por la Audiencia Nacional, queda reconocido que ambas empresas mineras pudieron demostrar que estaban al corriente de los pagos a la Seguridad Social correspondientes en el momento de solicitar dichas ayudas.
Desde la compañía minera recurrieron el bloqueo de esas ayudas mediante un recurso ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo cuando el Ministerio denegó los pagos.

Ahora, la Audiencia Nacional resuelve a favor Uminsa y Coto Minero Cantábricoy exige que se eleve la petición para el abono de las citadas cantidades al Consejo de Ministros para que se haga efectivo el abono de esas cantidades.

La denegación de las ayudas por parte del Gobierno a las empresas mineras ha sido uno de los argumentos de recursos de las compañías mineras para llevar a cabo las regulaciones de plantilla, impagos de salarios o recortes.
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