Mejorar la Administración

La polémica jurídica suscitada por un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que obligaba a Hacienda a devolver a una trabajadora el importe correspondiente al IRPF de los meses en los que cobró la prestación por maternidad, ha vuelto a dejar en evidencia el sistema tributario español y, como un daño colateral, el de Justicia. En el primer caso, además de que episodios como este menoscaban la ya impopular imagen de la Agencia Tributaria, el coste del error en la interpretación de la ley puede llegar a los 1.200 millones de euros entre las devoluciones y las posibles condenas en costas. Sin embargo, a buen seguro que no se depurarán responsabilidades y que tanto el perjuicio que supone para los afectados como el menoscabo de los fondos públicos que salen del bolsillo de todos los ciudadanos quedarán como un mero error administrativo más de unos gestores a los que habría que recordar la necesidad de extremar el cuidado en los asuntos fiscales. En el segundo caso, el fallo reciente del TSJ andaluz que se opone al madrileño evidencia las disfunciones que puede generar un sistema de Justicia con 16 tribunales superiores repartidos por cada una de las comunidades, cuyas decisiones, en última instancia, obligan a resolver al Supremo. Además, no se deber perder de vista la modificación de la ley para acomodarla a la recaudación.