Los ediles populares de Bembibre niegan la acusación del PSOE de prevaricación

El anterior equipo de Gobierno de Bembibre, que lideraba el popular José Manuel Otero, en la actualidad regidor, formado por cinco concejales del PP, declaró ante el juzgado de instrucción número 8 de Ponferrada, en respuesta a la denuncia formulada por el PSOE, con el portavoz Manuel Ángel Rey al frente, por presunta prevaricación. El grupo socialistas elevó a los tribunales de justicia una prórroga de adjudicación a la empresa Clece, que, en 2013, tras cuatro años de concesión de la residencia de mayores y de las piscinas climatizadas, pasaba a continuar con este servicio sin ningún procedimiento público y, además, se sumaba a la concesión las piscinas de verano, sin sacar ese servicio a concurso.

Aunque el regidor defendió que con esa fórmula se podían conseguir ahorros de 150.000 euros, el PSOE consiguió que se anulara la concesión de servicios en 2016, algo que Otero recurrió, pero fue ratificada en 2016.
Los cinco ediles populares declararon su inocencia ante estos hechos. Federico Fernández, teniente de alcalde en la actualidad manifestaba su nerviosismo al entrar en la sala y su resignación por tener que exponerse a declarar «vamos a defender nuestra inocencia, aunque no deberíamos hacerlo», reprochaba. «Nos ponemos a las órdenes del tribunal y colaboraremos con la justicia», dijo.Separado de los cuatro ediles, el quinto, Serafín Vázquez, dejaba declarar a su letrado, Miguel Ángel Orallo que considera que todo el procedimiento de prórroga y concesión de servicios tiene el aval de informes«mi cliente no tiene relación con este tema. Formaba parte de la comisión de Gobierno», asegura, pero defiende que no hubo ilegalidades en el procedimiento «todo tenía informes técnicos y jurídicos. Si hay derivaciones, no las conozco», apuntó, pero considera que, con su información, el proceso «no tendría fundamento» ni en cuanto a la falta de la libre concurrencia para que otras empresas hubieran entrado a concurso ni en cuanto a la posible prevaricación, puesto que asegura que en el primer caso, solo hubiera dado paso a un retraso en la adjudicación de los servicios «sin mala fe» y en el segundo, no cabría la prevaricación «ninguna responsabilidad le debe atacar a mi cliente», sentenció.

El alcalde popular, José Manuel Otero, por su condición de aforado, ya que es procurador en las Cortes de Castilla y León, tendrá que esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Burgos le llame a declarar por esta misma causa.