Aunque todavía no hay nada ‘cerrado’, el portavoz del equipo de gobierno, Francisco Castañón, reconocía este viernes a este periódico que están barajando la posibilidad de ofrecer una indemnización a la cooperativa que en estas casi tres décadas ha explotado el parking de Santa Nonia, una especie de «compensación» por el desalojo que deberán llevar a cabo antes de que finalice el mes. «Indemnizar puede que sea la solución, porque tenemos claro que vamos a defender los derechos de la Diputación y que el solar es nuestro, pero tampoco les vamos a dar una patada», asegura el vicepresidente de la institución provincial, que desde que se retomó el debate sobre el futuro de esta propiedad de la Diputación ha hecho hincapié en que «nuestra voluntad es evitar daños colaterales y sociales en la medida de lo posible», como ha recordado en varios plenos en que se abordó el conflicto.
Temor a la usucapión
A principios de año saltaban las alarmas en el Palacio de los Guzmanes. Fue entonces cuando algunos oyeron hablar por primera vez del ‘palabro’: usucapión. Según este término legal, la institución provincial podría perder la titularidad del solar de Santa Nonia por la dejadez con que se ha manejado la situación irregular –e ilegal– del terreno convertido en aparcamiento hace –este mes– 29 años. También llamada prescripción adquisitiva, la usucapión es un peculiar modo de adquirir la propiedad de una cosa –terreno en este caso– que le pertenecía a otro, la posibilidad de hacerse dueño de algo sin otro título que el uso continuado de ello durante 30 años.
Si nadie lo remediaba antes de abril de 2018, los actuales usuarios y gestores del aparcamiento de Santa Nonia podrían reclamar la titularidad del recinto del que han estado beneficiándose desde abril de 1988 cuando transcurran 30 años desde una cesión repleta de irregularidades.
En enero, el equipo de gobierno quiso zanjar un rumor que se convirtió en preocupación y envió un burofax a la cooperativa que explota el parking para que desaloje el solar antes del 30 de abril.
Ahora, el PP reconoce que están «abiertos a todo» en la negociación.
Castañón: "Fuimos parte en 24 procedimientos judiciales en 2016 y en 52 de 2015"
El PP prevé crear una plaza de asesor jurídico de la Diputación e incluirla en la RPT del próximo año «Seguramente es cierto que en la etapa de Carrasco se gastó en asuntos judiciales más que en toda la historia de la Diputación», reconoce el portavoz del equipo de gobierno, Francisco Castañón, en respuesta a las críticas vertidas ayer por los diputados de UPL y En Común por los excesivos gastos que han de afrontar las arcas provinciales a causa de los cientos de procesos judiciales en que ha estado –y está– inmersa la Diputación. «Pero nuestra voluntad política es otra», asegura Castañón, que remarca que ahora cada decisión sobre los trabajadores lleva consigo un informe de legalidad previo. Y explica esto porque reconoce que «una gran parte de los conflictos» que han llegado a los tribunales tiene que ver con el Personal de la casa.
«Nosotros queremos cumplir la ley y que cada trabajador esté en su sitio y cumpla su trabajo», insiste Castañón, que lamenta tener que arrastrar «tantos temas heredados» y asegura que «estamos siendo absolutamente escrupulosos con el cumplimiento de las sentencias que ya ha habido».
La realidad, según cuenta el portavoz, es que la Diputación fue parte en 24 procedimientos judiciales el año pasado, año en que gastó 141.000 euros sólo en gastos de asuntos del pasado. En 2015, año en que llegaron a gobernar ‘la Casa’, fueron parte en 52 procedimientos, y gastaron 64.400 euros.
La sugerencia de En Común y UPL para que la Diputación vuelva a contar con un asesor jurídico propio, asegura Castañón, «ya estaba en nuestras previsiones desde hace meses». Según anunció, el PP prevé volver a crear la plaza –que se amortizó en una RPT– «en cuanto pueda». La intención, dijo, es incluirla en la RPT de 2018.