Durante su alegato final, el letrado Fernando Rodríguez Santocildes apuntó directamente a Adrián Martínez, sentado en el banquillo de los acusados como uno de los facilitadores del arma homicida a José Ramón. Según se ha mantenido hasta ahora, Martínez le dio el arma a Antonio Gabarri para saldar una deuda que mantenía con él y éste, a su vez, se la vendió a José Ramón. No obstante, de acuerdo a las tesis que este jueves el abogado planteó al jurado popular, «Adrián miente» y de las conversaciones interceptadas entre los acusados por otro procedimiento judicial se desprende, dijo, que el que vendió el arma a su cliente fue Adrián y no Gabarri, y además «sin munición», detalle que consideró fundamental pues «esa munición está descatalogada».
Con todo ello, lo que Rodríguez Santocildes quiso poner sobre la mesa es que el arma de la que salió la bala que mató a Roberto Larralde no ha aparecido, y de lo único que se tiene constancia, sostuvo, es que la vaina hallada en el lugar donde apareció el cuerpo de Roberto coincide con el tiroteo que tuvo lugar a principios de 2014 en el que se vio implicado Adrián Martínez.
«El principal sospechoso de la muerte de Roberto Larralde sería Adrián Martínez y, de ser así, el crimen quedaría impune pues le ha sido retirada la acusación por asesinato», sostenía el letrado en su informe final. En todo caso, dijo a los jurados, «ustedes no tienen que determinar quién mató a Roberto, lo que tienen que hacer es pronunciarse acerca de si fue Ramón». A su juicio, «el conjunto de pruebas practicadas ponen en tela de juicio la versión que se ha venido manteniendo porque es materialmente imposible que las cosas pasaran como se ha dicho».
Rodríguez Santocildes expuso al jurado que más de veinte años de condena, como se le piden a su cliente, José Ramón, exigen una carga probatoria que no puede sustentarse en meras conjeturas, que es lo que cree que existe contra él. A su entender, la investigación estuvo condicionada por la presión del entorno familiar de Roberto Larralde, y «exigía una respuesta rápida para lograr la paz social». «Ha habido miedo a la prueba, y si lo que pretendemos es esclarecer la verdad, ¿qué miedo hay? Estamos buscando la verdad, condenar al que ha sido, no al que creemos que ha sido», planteaba al jurado popular.
El abogado expuso que las declaraciones de los testigos han sido «una disyuntiva entre ataques de amnesia y de memoria repentina», y puso como ejemplo que Gabarri primero dice que Ramón no tiene ningún arma y meses después dice que él le había vendido una, concretamente la que encajaría con la vaina hallada en el lugar en el que apareció el cadáver.
Entre otras tantas contradicciones e imposibles que enumeró, como defender que José Ramón no tuvo tiempo material de cometer el crimen, el letrado también hizo hincapié en que «es muy raro que se puedan cometer dos delitos muy graves en un mismo sitio», aludiendo al robo de colonias que es, a su entender, el único asunto delictivo en el que estaría implicado su cliente.
Además, pidió a los jurados que pensaran dónde estaba el precio que José Ramón habría cobrado por asesinar a Roberto Larralde supuestamente por orden de Julio y Miriam. «El precio se pondrá antes, no en el furgón cuando te están llevando a la cárcel», y es que, «no ha habido ningún precio ni ningún encargo».
Por todo ello, Rodríguez Santocildes reclamó la absolución de José Ramón Vega, «una persona inocente», y puso en tela de juicio la imparcialidad del fiscal pues «si a alguien se ha tildado de fumeta, de drogata, de hablar con un perro imaginario... es a José Ramón, entonces, ¿por qué el fiscal, desde su imparcialidad, no lo ha contemplado como atenuante?».
El abogado defensor del presunto autor material del crimen de Roberto Larralde terminó su informe recordando casos como el de Rocío Wanninkhof, que fue declarada culpable por un jurado popular y luego se probó que era inocente. Por eso, dijo, ante la duda, «es mejor inocencia que culpabilidad, es más fácil de enmendar si es un error».
«Se intenta cuadrar lo que no cuadra»
También este jueves se escucharon en sala los informes finales de las defensas de Julio López, el empresario maderero amante de Miriam al que acusan de idear el crimen, y Froilán Álvarez, el detective privado amigo de Julio que habría asesorado a la pareja en su plan.
La abogada de Julio también apuntó a presuntas deficiencias en la investigación y trasladó la inocencia de su defendido, al tiempo que aludió a «errores» en la investigación que atribuyó fundamentalmente a la rapidez con la que se quiso cerrar el caso. «Se está intentando cuadrar lo que no cuadra», dijo la letrada, quien también hizo referencia a la falta de rigor para intentar esclarecer la veracidad de los hechos.
Por otro lado, insistió en que su defendido siempre mantuvo «la misma versión» de los hechos, haciendo referencia a la compra de drogas, y estimó que lo que se está considerando como coartadas «raya lo absurdo» para considerar a Julio como el inductor de la muerte de Roberto Larralde.