En esos informes queda claro, según Miranda, que la municipalización del servicio, pedida por PSOE y Ponferrada en Común, encarecería el servicio en 407.000 euros globalmente, la mayor parte en costes de personal, que se pondrían en 327.000 euros más y el resto en la remodelación del servicio que le haría pasar de los 2.139.000 de euros como coste actual a 2.243.000 con la gestión directa. Según la documentación sobre personal aportada por Miranda, los empleados deberán pasar un concurso oposición para pasar a formar parte de la plantilla municipal «aunque nos subroguemos tiene que haber un concurso oposición y pueden perder el puesto de trabajo», advierte el concejal «corren el riesgo de no aprobar y se vayan a la calle», apunta, algo que afecta a los 29 trabajadores que trabajan en las ocho líneas de Ponferrada.
Empeora la situación que el Ayuntamiento no puede realizar inversiones, por estar inmerso en un Plan de Ajuste, por lo que tendría que acogerse a otras fórmulas como el renting para los vehículos, algo que, asegura Miranda, los encarecería desde los 200.000 euros al año a los 700.000. Para rematar las repercusiones, los actuales Presupuestos no permiten realizar el cambio hasta que se aprueben los próximos, por lo que se estirarían los tiempos de trabajo en prórroga, una situación irregular de la que ya ha avisado el Procurador del Común y el Tribunal de Cuentas. Además, si la municipalización saliera adelante “tardaría entre un año y un año y medio” en ponerse en marcha, según los técnicos. Ahondando en los contras puestos por el equipo de gobierno a la municipalización, el concejal presentó la comparativa en gastos de los otros dos municipios que tienen gestión directa, Burgos y Santander, aunque advierte que las poblaciones de ambos son muy superiores a las de Ponferrada. Aun así, el déficit por habitante del servicio en Ponferrada es de 19,58 euros, mientras que en Burgos es de 31,69 y en Santander de 56,15 euros. El coste por habitante es, en la ciudad de 36,50 euros, mientras que en Burgos se marca en 91,10, según los datos de 2014 y en Santander en 108,91. Globalmente el gasto del servicio es en Ponferrada de 2.459.000 euros mientras que en Burgos supera los 16 millones y en Santander roza los 19. Ponferrada cuenta con 29 empleados para cubrir ocho líneas con 12 autobuses mientras que Burgos tiene 180 empleados y Santander 276. Además, en esta última ciudad, apunta Miranda que sólo 18 de sus 29 líneas son de gestión municipal, porque el resto se han privatizado para reducir costes y se ha conseguido rebajar el kilómetros «que en las líneas de gestión directa está en 4,49 euros el kilómetros y en las de gestión indirecta en 3,19».
Con los datos sobre la mesa, Miranda asegura que «no creo que nadie apueste por la municipalización», aunque reconoce que será algo que se verá en el Pleno extraordinario del día 26, solicitado por el PSOE y Ponferrada en Común.
Olegario Ramón: "Hablar de municipalizar es pisar callos"
El portavoz del PSOE en Ponferrada, Olegario Ramón, asegura que las cifras e informes puestos sobre la mesa por Miranda no le hacen desistir de su intención de solicitar la municipalización del servicio «seguiremos luchando por ella.Son informes que ellos habían estudiado muy bien, pero no son los únicos», dice, alegando que su grupo y Ponferrada en Común llevarán los suyos al pleno que han solicitado y que tendrá lugar el día 26. Sí deja claro Ramón que la gestión directa «tiene pros y contras», pero que, en ellos, la elección debe ir dirigida a la municipalización, aunque, reconoce que «hablar de ella es pisar callos». Ramón lamenta que se esté utilizando a los trabajadores para forzar el sentido del voto, que otras formaciones se reservan en pos de los informes técnicos que analicen. Asegura el portavoz que, frente a esa percepción de Miranda de que no se puede pasar de forma directa a los trabajadores a personal municipal «hay normativa de la Unión Europea, sentencias del Supremo y de la Sala de los Social del TSJ. No digo que sea sencillo, pero se puede pasar a personal laboral», apunta. Ramón sigue defendiendo que el fin del contrato es «una ventana de oportunidad» para gestionar de forma directa un servicio que es deficitario, con 1,6 millones de déficit en la actualidad.
Ramón no está de acuerdo con la cifra que pone sobre la mesa Miranda sobre el coste a mayores que representa el servicio en su fórmula pública.Los 470.000 euros «es un cálculo equivocado», mantiene Ramón «especialmente equivocado», subraya, algo que asegura que explicará durante el pleno. La municipalización es apoyada también por el Partido Comunista, PCE que, aunque no tiene representación en elConsistorio sí ha querido manifestar su apoyo a una medida que, considera, encaja en el derecho de contar con servicios para todos. Además, apunta que la privatización no es eficiente y pide que se tomen medidas para hacer el servicio más atractivo y popular, como un monobús social que sirva para conquistar a más usuarios.