DesdeAdif se ha contestado de una forma breve y contundente tras ser interpelado por este periódico sobre estos supuestos vertidos. Adif mantiene que «la gestión de los residuos producidos en las obras de Adif Alta Velocidad es responsabilidad de los contratistas adjudicatarios».
Fue un vecino del municipio de La Pola de Gordón quien tomó las fotografías y puso los hechos en conocimiento de la formación naranja, impulsando la posterior demanda de Ciudadanos. Este vecino explicó en declaraciones a La Nueva Crónica que «ya se ha presentado la denuncia, y parece ser que la Fiscalía la admitido a trámite, ahora habrá que esperar el camino que sigue». El impulsor de la demanda aseguró que éste no es un hecho aislado, y que lleva cometiéndose desde el inicio de las obras, hace doce años. «No se ha visto ningún camión cargado yendo a una planta de tratamiento». Asimismo, hizo referencia a la normativa específica para el proyecto de la Variante de Pajares que «obliga a reciclarlo todo desde el minuto cero». En este sentido, cabe recordar que el propio proyecto contempla actuaciones como control de residuos, transporte de materiales por cinta transportadora hasta Depósito Controlado de Residuos Inertes (DCRI) para evitar tráfico de camiones pesados en la zona, protección del río Huerna, o tratamientos y protección de sistemas hidrológicos, entre otras.Además el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge en su edición del 30 de mayo de 2002 la resolución de la secretaría general de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo del proyecto de la Variante de Pajares. En esta resolución se recoge textualmente que «en ningún caso los aceites, combustibles, restos de hormigonado, escombros, etc. se verterán directamente al terreno o a los cursos de agua. Los productos residuales se gestionarán de acuerdo con la normativa aplicable».
En una obra de tal envergadura, es casi imposible que las distintas administraciones no estén al tanto de temas como el tratamiento de residuos y su cumplimiento. «Adif es responsable de las obras, las empresas concesionarias cometen el delito, y las administraciones no hacen nada», sostiene el denunciante. Duras críticas para entidades como el Ayuntamiento de La Pola de Gordón o la Reserva de la Biosfera: «¿Cuándo van a denunciar los daños ambientales? ¿Tiene que hacerlo también Villamanín o Asturias como con los acuíferos?».