La caída de la Hullera provocó la puesta en venta de todos sus activos para hacer frente a los acreedores, y en esa larga lista de bienes aparecían las viviendas y edificios sociales en Ciñera. El temor tras conocerse que un fondo de inversión había hecho una oferta por las viviendas por un millón y medio de euros, atenazaba a los vecinos. La intervención de la Junta de Castilla y León, con Somacyl, propició que se realizara una nueva oferta para garantizar que nadie se quedara sin su casa.
El consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, recordó durante una entrevista concedida a La Nueva Crónica que la intervención en el proceso «fue una reacción de la Junta ante una situación en la que nos parecía que no podíamos estar al margen». Así, explicó que «son casas que eran de la Hullera y estaban en una situación jurídica no cierta, porque no estaban declaradas como obra nueva, no estaban registradas. No existían jurídicamente con claridad. Asumimos una operación en la que compramos esas casas a la administración concursal y lo que hemos hecho en el último año ha sido un trabajo concienzudo en el que los técnicos han hecho un proyecto arquitectónico de cada edificio, hemos declarado la obra nueva ante el notario, se han inscrito en el Registro de la Propiedad y tienen ya realidad jurídica». En total, «es un trabajo de más de cien casas, pero en las próximas tres semanas empezaremos a otorgar las escrituras públicas de compraventa a los titulares y en junio podremos tener ese tema resuelto». La misma suerte correrán los equipamientos públicos que estaban en el inventario de liquidación, que también fueron comprados por la Junta «porque eran de interés público para Ciñera serán entregados también al Ayuntamiento de La Pola de Gordón para que sigan funcionando». El proceso está a punto de finalizar, y según recalcó que consejero «las casas son para los que tenían un derecho de uso reconocido de hecho por estar allí. No había documentos claros pero todo ha sido en coordinación con la plataforma de mujeres del carbón. Tienen casa todos los que deben tener casa. Eso ha salido bien».La entrada en escena de la Junta de Castilla y León para evitar que los vecinos se vieran desalojados de sus viviendas con motivo de la liquidación de la Hullera fue clave en el proceso, y a partir de ahí los afectados pudieron respirar tranquilos. Una entrada clave que, quizá, no ha sido valorada, aunque el consejero lo tiene claro «a la Junta no hace falta que se le valoren las cosas; lo importante es que se hagan las cosas y que en momentos dificilísimos para esa comarca, en la que se venía abajo todo, nosotros hemos hecho esfuerzo». Un esfuerzo, que recalcó, han hecho «apoyando a los administradores concursales para el mantenimiento de la explotación y seguiremos en esa línea».Un año de trámitesEl proceso para que las casas bajas de Ciñera y las viviendas del patronato pasen a los vecinos que han justificado su vinculación con ellas, ha supuesto un trabajo de más o menos un año, que parece estar a punto de finalizar. Todo comenzaba en el mes de mayo, con la caída de la minera Hullera Vasco-Leonesa, cuando en la publicación de los bienes inmuebles de la firma se encontraban también las viviendas en el inventario. Surgían los temores, y la sombra de la compra de un fondo de inversiones hacía presagiar lo peor. Comenzaban entonces las reuniones de los vecinos afectados, que formaban una asociación y empezaban a buscar la manera de no perder sus hogares. Fue precisamente en una de esas reuniones, en la celebrada el 13 de junio de 2016, cuando la Junta de Castilla y León tendió la mano a los afectados. Representantes de la Junta y de Somacyl se trasladaban a la localidad y ponían sobre la mesa una oferta para ‘comprar el pueblo’. La Junta se ofrecía a comprar los bienes inmuebles de la Hullera, y luego vendérselos a los particulares interesados. La oferta incluía las 128 denominas casas bajas y también los 12 pisos del patronato.
El 29 de junio la Consejería de Fomento y Medio Ambiente formalizaba un contrato de compraventa con la Administración Concursal de la Hullera, a través de Somacyl, para hacerse con las denominadas ‘casas bajas’ y las viviendas del patronato de Ciñera. La operación suponía la entrega de la Junta a la Administración Concursal de una cantidad de 1,1 millones de euros a cuenta del precio final, y además de las viviendas, se incluían inmuebles sociales.Tras la compra, empezaban los trámites de los vecinos que debían demostrar su vinculación con la casa, ya que en la mayoría de los casos solo existían acuerdos verbales con la Hullera. Con toda esa documentación tramitada, el siguiente paso fue dar la señal para formalizar el contrato de promesa de compra. De manera paralela, llegaban los trámites de la propia Junta, que tuvo que segregar, identificar, declarar obra nueva, e inscribir los inmuebles, asegurándose que las viviendas sean seguras jurídicamente y documentadas, antes de pasarlas a sus propietarios.