Aspes rejuvenece su directiva con un leonés como vicepresidente

La Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria de Castilla y León (Aspes-CL) ha celebrado este fin de semana una asamblea para la renovación de su comité permanente autonómico. Aproximadamente sesenta compromisarios, procedentes de las nueve provincias de Castilla y León, se han reunido en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’ de Salamanca. Cada compromisario representaba a unas decenas de asociados. Se culminaba así un proceso en cuya primera fase se convocaron elecciones en las nueve delegaciones provinciales para la elección de compromisarios en asambleas abiertas a todos los profesores de Enseñanzas Medias. En la reunión, los asistentes han elegido por una mayoría cercana a la unanimidad (95% de votos positivos) el nuevo comité permanente autonómico.

El nuevo comité permanente de Aspes-CL supondrá una reducción de miembros de diez a ocho para dotarle de más operatividad. Se ha renovado a más del 60% de los cargos, dando paso a personas más jóvenes, y se ha procurado la mayor representatividad de las nueve provincias de la comunidad autónoma. Siete de los ocho integrantes del comité proceden de provincias diferentes.

El presidente va a seguir siendo Honorio Vega, de Salamanca, mientras que el vicepresidente será el leonés Manuel Mullor. Además, Miguel Álvarez ha sido nombrado como secretario de formación, Raquel Velasco como secretaria de organización, Cristina Fernández Sayalero como secretaria general, Marisol Benito como secretaria de finanzas, Manuel Conde como secretario de actas y Julio San Juan como secretario de comunicación. 

Con el rejuvenecimiento de este comité, se apuesta por dar continuidad a la labor de la asociación, fundada en 1999, al tiempo que se pretende sintonizar con las necesidades actuales del profesorado. El órgano ha propuesto para su mandato de los próximos cuatro años renovar los estatutos de Aspes-CL, para dar cabida a las listas abiertas, los límites temporales a los cargos de entre seis y ocho años y el establecimiento de la liberación sindical entre sus afiliados en no más de cuatro años.