Aprobada la modificación de la autorización ambiental del CTR

El pasado viernes 21 de octubre, el Bocyl publicó la resolución relativa a la modificación de la Orden de 30 enero de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, «por la que se concede autorización ambiental al Centro de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos» de San Román de la Vega. La tramitación de este expediente viene a dada por la ampliación del vertedero en 112.000 metros cuadrados, y que amplía su capacidad en 2,1 millones de metros cúbicos, con la esperanza de prestar servicio durante los próximos 13 años.

Este paso se produjo tras la aprobación del proyecto por las instituciones pertinentes (Junta y Gersul), pero con la desaprobación de un sector opositor que comprende más de 25 entidades y que en su momento presentó una serie de alegaciones a este proyecto, que catalogaron de «flojo y cargado de defectos». Según estos colectivos, «ninguna de estas alegaciones fue tenida en cuenta». Así lo ha vuelto a transmitir la Plataforma Gestión de Residuos, desde donde aseguran, al hilo de la aprobación de la modificación, que «nada hacía pensar que este expediente no fuese a ser aprobado, ya que a lo largo de la historia de esta instalación siempre se ha procedido con la política del rodillo y de los hechos consumados, como cuando se declaró Proyecto de Interés Regional sin cumplir los requisitos y fue tumbado por el Tribunal Supremo, aunque la sentencia nunca se llegó a ejecutar, ya que supondría el cierre de la instalación».

Esta asociación reitera una vez más que «siguiendo el proceso, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León aprobó la modificación de la Autorización Ambiental basándose en un documento –elaborado por la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental– lleno de incongruencias que solo se puede calificar como chapuza, hecho con copia y pega a partir de otros documentos anteriores, con defectos incluidos».

Asimismo, manifiestan que «al final todas estas arbitrariedades administrativas se acaban convirtiendo en costes económicos y ambientales que los pagamos entre todos los ciudadanos, especialmente los que vivimos en el entorno de la instalación».

Este colectivo afirma que seguirá trabajando, «con nuestros escasos medios, para que la gestión de los residuos de la provincia avance hacia una gestión más eficiente y dentro de la legalidad, económica y ambientalmente».