Visto para sentencia el caso Orozco Building en el que la fiscal ve ahora también estafa

El caso de Orozco Building quedaba este martes visto para sentencia después de que la representante del Ministerio Público modificara sus conclusiones proponiendo alternativamente la apropiación indebida que apreciaba antes de la vista, por la que solicita seis años de prisión para cada uno de los acusados, o la apropiación indebida y estafa, con seis años más de cárcel. Esta apreciación de estafa la fundamentaba, tras la práctica de la prueba, en los dos contratos de venta de pisos que se firmaron en el año 2008, cuando los promotores del edificio ya habían sido notificados (en 2007) del embargo del edificio y asegurando a los compradores, en el contrato, que las viviendas estaban libres de cargas y gravámenes.

La acusación particular, en cambio, rebajó su petición de condena y concluyó definitivamente la existencia de 21 delitos agravados de estafa solicitando 6 años por cada uno de ellos para cada acusado (126 años para cada uno), y un delito continuado de apropiación indebida, por el que pide otros seis años más para cada acusado (en sus conclusiones provisionales apreciaba también la existencia de 21 delitos de apropiación indebida).

Las defensas se mantuvieron en su postura inicial y volvieron a pedir la libre absolución de sus representados argumentando que la culpa de que los perjudicados se quedaran sin su casa y sin su dinero fue de Caja España, la entidad que les concedió el crédito para la construcción del edificio y que luego subrogaron con otra entidad, por embargar el edificio en una acción que consideran «desproporcionada» y «vengativa».

El juicio se ha celebrado durante lunes y martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León, diez años después de los hechos y con varios de los perjudicados como testigos. También declaraba ayer en sala alguno de los intervinientes en el proceso constructivo que indicó que tampoco habían cobrado por su trabajo.

Los promotores de Orozco Building, acusados en esta causa, Rafael C.S. y Enrique D.S., no han negado en ningún momento haber recibido el dinero de los compradores de las viviendas y el crédito hipotecario, y aseguran que lo destinaron a la construcción del edificio, pero este extremo no ha quedado demostrado durante la vista pues, según dijeron, las facturas que podrían corroborarlo están en manos de un abogado palentino que, sin embargo, no fue citado en el juicio.

Ha pasado más de una década desde que se firmó el último contrato de arras por parte de los 19 denunciantes que, durante los años 2005, 2006 y 2007 formalizaron y abonaron contratos privados de compraventa o de arras por importes de entre 7.200 y 30.000 euros respecto de otros tantos pisos. Dinero que no volvieron a ver para unos pisos que nunca han llegado a disfrutar, en total, 380.000 euros.