Victorino Alonso vuelve a la Audiencia, ahora por daños en La Mora-Nueva Julia

A finales de septiembre, el ‘rey del carbón’ Victorino Alonso llegaba a la Audiencia Provincial de León para comparecer como acusado de un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente por los trece años de actividad en la explotación minera de carbón a cielo abierto en El Feixolín, en Villablino. Le pedían ocho años y tres meses de cárcel, pero la causa se suspendía‘sine die’ y el juicio sigue a la espera.

Ahora la Audiencia Provincial vuelve a citar a Alonso, también por delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente, en este caso por la afectación de los terrenos de La Mora-Nueva Julia, también en el término municipal de Villablino. La vista está señalada para el próximo mes de enero y junto a Alonso aparece como acusado el jefe de la explotación minera hasta el año 2010. Según el escrito de calificaciones provisionales del Ministerio Público, la actividad de MSP (CMC desde 2008) se desarrollaba de manera plenamente consciente y deliberada «sin tener en cuenta las disposiciones de la Declaración de Impacto Ambiental en vigor para desarrollar la actividad, contando con todos los elementos necesarios para el funcionamiento de una cantera de grandes dimensiones como son pistas de acceso, balsas de decantación, escombreras... llegando no solo al extremo de que toda la explotación minera se ha dedicado íntegramente a la extracción directa de carbón a cielo abierto sin distintguir en modo alguno zona de explotación de la zona de restauración señalada en la Declaración de Impacto Ambiental, sino que además la cantera se ha internado en 19,69 hectáreas en un monte de utilidad pública sin autorización legal ni licencia de ningún tipo».

Añade el fiscal que, una vez abandonada la explotación en el año 2011 y liquidada concursalmente la sociedad CMC no se llevó a cabo restauración alguna. Considera, por tanto, que se trata de un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente pidiendo para cada uno de los acusados 8 años de prisión, 22.500 euros de multa y 6 años y 9 meses de inhabilitación para la administración, dirección o gerencia de cualquier empresa de extracción o tratamiento de minerales.