USE llevará a los tribunales a Merayo si no da tiempo a invertir los remanentes

Asegura que si se provocan retrasos en los expedientes de obras que completan una partida de más de 3 millones, denunciarán a la alcaldesa por prevaricación por omisión

Mar Iglesias
18/10/2018
 Actualizado a 14/09/2019
Concejales de USE manifestando su postura sobre los tiempos para ejecutar las inversiones de remanentes. | M.I.
Concejales de USE manifestando su postura sobre los tiempos para ejecutar las inversiones de remanentes. | M.I.
El portavoz de Unidad Social de Electores, USE, en el Ayuntamiento de Ponferrada, Samuel Folgueral advierte que si en diciembre de este año, fecha límite para poder invertir en obras financieramente sostenibles, no están presentados los expedientes de las 33 obras que componen el grueso de la propuesta que sacó adelante la oposición frente a la que presentaba el equipo de Gobierno, recurrirá a los tribunales. Folgueral teme que se pueda producir un delito por prevaricación por omisión, incumpliendo la legislación de secundar un acuerdo plenario adoptado por los 16 ediles de cinco formaciones (además de USE, PSOE, Ponferrada en Común, PRB y Ciudadanos), frente a los 9 que presentaban otra propuesta -7 del PP y dos de Coalición por el Bierzo.

Critica Folgueral que se haya convocado a los portavoces de los grupos que secundaron esa alternativa, que coincide en 22 obras con la del PP y aporta 11 nuevas, a una reunión para negociar ese listado, como había concretado el concejal de Obras, Roberto Mendo, por considerar que algunos expedientes de las solicitadas por la oposición tardarían demasiado o incluso algunas no podrían realizarse, algo que considera que habla de que «se está mintiendo con los tiempos».

Apunta el portavoz de USE que, para cumplir el cronograma que satisfaría la consecución de esas inversiones de 3,067 millones de euros, debería convocarse una comisión informativa este mismo viernes y llevar a pleno la aprobación de las obras en el próximo ordinario, de la semana que viene.
El portavoz de USE apunta que el punto debería tramitarse por urgencia en esa sesión incluso, para no acumular retrasos y llegar a tiempo de concretar las inversiones, que pasarían a amortizar deuda si no están listas a finales de año.

Folgueral considera que, si se dilantan esos tiempos, no se puede culpar a la oposición de no haber presentado obras «financieramente sostenibles» como se les acusaba «porque tenemos la garantía de que lo son». Incluso, aunque quiere escapar de la «maraña administrativa» que conlleva esta aprobación, apunta que podría ser «una cortina de humo para no cumplir un mandato legal».

«Atraco» con el IBI

La inversión de los remanentes sigue siendo el caballo de batalla político en el ayuntamiento, al que ahora, cuando se comienzan a pasar los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles, se une el incremento del mismo, por la revisión catastral que se aprobó el año pasado «a voluntad solo del equipo de gobierno», subrayó Folgueral, y son ningún mandato legal que le obligara a hacerlo.

Esa subida supuso un incremento del 4% en ese concepto, lo que desencadena, según Folgueral, el arrastre de otras subidas como la del impuesto de sucesiones, las plusvalías y un largo etcétera, entre ellos el IRPF, que, globalmente supone una subida multiimpositiva de un 14,4%. «Es un atraco a mano armada para los bolsillos del ciudadana», dijo Folgueral, además, gestado «con alevosía». La subida asegura que incrementa los ingresos para las arcas municipales en 3,2 millones a mayores. Pero, además, considera que lo que más están criticando los vecinos es que se use la revisión para incrementar los impuestos de casetas de labranza o construcciones anejas, a las que se les puede llegar a subir el impuesto «en un 5.000% y con efectos retroactivos los últimos cuatro años».

Por eso USE exige al equipo de gobierno que vuelva a la decisión de revisar el catastro y «la reconsidere», para que sus efectos no se mantengan en el tiempo. «Esta revisión tiene un afán de perseguir gallineros», afea Folgueral que considera que el equipo de Gobierno no valoró la repercusión de su decisión, puesto que el IBI es el impuesto base de la recaudación municipal «se tiene previsto recaudar 18 millones de los que el 95% viene de él. Es el faro que alimenta las cuentas municipales y se está tratando con desprecio», denuncia el portavoz de USE.
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