Aunque tanto oposición como equipo de Gobierno coincidieron en que la base del contrato no es buena e incluso el portavoz del PSOE, Olegario Ramón auguró que seguirán los problemas de limpieza, con los trabajadores e incluso solicitando más presupuesto por parte del Ayuntamiento, el contrato por 20 años y 122 millones de euros se mantiene y pasa ahora a manos de Urbaser.
La regidora Gloria Fernández Merayo, recordó todos los pasos que se habían dado desde que en 2016 tuvieran la sentencia del TSJ. Pese a las críticas de intentar dilatar tiempos, la regidora justificó en esa explicación somera que “hemos querido asesorarnos muy bien” con más de 25 actuaciones solicitando información e intentando concluir las bases de ese contrato para poder sacarlo de nuevo a licitación, algo que “no hemos conseguido”, aseguró.
Su apuesta era por un contrato de cinco años prorrogables al mismo tiempo, pero asegura que “es una herencia que hemos recibido” y deben mantenerla. El último movimiento fueron los tres informes solicitados a los técnicos de la casa para ver la posibilidad de acogerse a que el servicio se declarara de interés público y poder volver a sacarlo a concurso. Ni los criterios económicos ni jurídicos optaron por esa posibilidad que sí abría tímidamente Secretaría, pero con la prudencia de que los otros informes lo avalaran. Así las cosas y como aseguró el actual portavoz del PP, Ricardo Miranda “solo nos queda una salida, adjudicarlo a Urbaser”.
Tras un pleno duro en el que toda la oposición recordó que se había dilatado el cumplimiento de una sentencia judicial, no salió adelante el voto particular del PRB.Su portavoz Tarsicio Carballo, pedía que el concurso quedara desierto y que, en un paso posterior, se procediera a estudiar la municipalización del mismo. Carballo apuntaba que la oferta presentada por Urbaser también tenía defectos “hasta una veintena”, contabilizó y que además era una propuesta que debía haber quedado tan excluída como la de FCC, puesto que se incluyó en el segundo sobre de los tres que se deben presentar a la licitación la información del último. Ese incidente, según Miranda, quedó subsanado en el mismo momento en el que se hizo, por eso pidió que no se volviera a problemas ya pasados.
Ante ese voto de Carballlo, tanto Coalición por el Bierzo como Ciudadanos pidieron su impugnación por considerar que no mantenía el criterio que se había expuesto en la comisión “se hablaba de desistir o renunciar, nunca de que quedara desierto”, el concurso. Tampoco el PSOE estuvo de acuerdo con un voto que no se le presentó por escrito y que se ponía sobre la mesa en pleno.
Por su parte, Ponferrada en Común decidió lanzar una propuesta que finalmente no se votó, la de pronunciarse sobre el cambio de gestión del servicio. La regidora consideró que no era un punto que se llevara en el orden del día y le apeló a presentar su postura abriendo un expediente al respecto.
Tanto Ciudadanos como USE Bierzo criticaron las faltas de concordancia de los informes solicitados tanto internos como externos, aunque Miranda aseguró que el dictamen era claro finalmente y solo pasaba por la aprobación para pasar el servicio a Urbaser.