Unión para combatir la fuerza del Gobierno con el lobo

Acuerdan una carta abierta a toda la ciudadanía en la que defienden la gestión del lobo desde el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia con la ganadería

Ical
03/03/2021
 Actualizado a 03/03/2021
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Nueve comunidades -Castilla y León, Asturias, Cantabria, Galicia, Aragón, Andalucía, Madrid, Murcia, País Vasco- así como la ciudad autónoma de Ceuta, y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA impulsaron hoy una iniciativa común para reclamar al Gobierno que retire el procedimiento de aprobación de la orden por la que se pretende incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

La cumbre ‘online’ acordó una carta abierta a toda la ciudadanía de apoyo a la gestión del lobo ibérico desde el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia. Así, piden que una vez suspendido el proceso de cambio de estatus legal del lobo, se abra un proceso de diálogo y consenso por parte de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, con todos los actores implicados, con el objetivo de negociar un plan global de gestión del lobo ibérico que garantice su preservación y el futuro de la ganadería extensiva.

Por su parte, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendió la unidad entre comunidades y organizaciones agrarias ante una medida “tan importante, de tanta trascendencia”, que en su opinión no puede llegar por la vía de la imposición, sino del diálogo. “No estamos en un frente político, no estamos en un frente contra ningún gobierno o ninguna ministra”, dijo que mantienen fluido contacto para la gestión de los fondos de transición ecológica.

Suárez-Quiñones aseguró que el cambio sobre el lobo se inició “mal”, por hacerlo “sin consenso” con las comunidades y el sector ganadero. Desde octubre, aseguró que han intentado que imperase el diálogo y lamentó que solo lograron que hace dos semanas se celebrara una reunión, que a su juicio evidenció que la decisión ya estaba tomada.

El titular de Medio Ambiente defendió que el lobo está “perfectamente conservado” en Castilla y León, donde destacó que gracias al plan de gestión de la Junta, su población ha crecido en los últimos decenios y añadió que existe una “complicada” coexistencia con el medio rural.

Organizaciones agrarias


UPA, COAG y Asaja calificaron como “muy positivo” el encuentro, al tiempo que señalaron “la importancia de la unidad del sector y las administraciones regionales” para defender la imprescindible labor de la ganadería extensiva para el desarrollo económico y social del medio rural, la gestión del territorio y el mantenimiento de la biodiversidad.

Explicaron que la inclusión del lobo en el listado de protección especial supone, en la práctica, dejar de gestionar y controlar al lobo al norte del Duero. "Un depredador que causa pérdidas constatadas de más de seis millones de euros al año a los ganaderos en España y devora más de 10.500 cabezas de ganado, fundamentalmente en Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León y Madrid", indicaron.

Finalmente, indicaron que se calcula que en España hay unos 3.000 lobos, muy por encima de países como Francia, Alemania, Suiza, Noruega o Suecia. Sin embargo, explicaron que estas cifras son estimaciones, pues el censo está pendiente de actualizar desde 2012. A pesar de ello, criticaron que el Gobierno pretenda incrementar aún más esa cifra, lo que aumentaría la presión sobre los ganaderos “de forma insoportable”.

Manifiesto


La carta abierta entiende la diversidad de “situaciones” de especies como el lobo ibérico, no como un problema sino como una “oportunidad” para una gestión adaptada a las singularidades locales y basada en la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva. Además, rechazaron que se reduzca el marco competencial y de actuación de las comunidades y defendieron que el actual estatus legal que permite tanto la protección, como el control de ejemplares, mediante normas cinegéticas.

Asimismo, expresan su respeto a la independencia del comité científico y de aquellas personas que abogan por la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas. “Con la misma rotundidad exigimos respeto al trabajo que desde hace años vienen realizando los técnicos de las diferentes Comunidades Autónomas, que a su formación académica añaden la experiencia en la gestión cotidiana de la especie en un mundo real en el que además de las consideraciones ecológicas deben tenerse muy en cuenta las de tipo social y económico”, añaden.

“Lamentamos que se confunda la discrepancia con el dictamen del Comité Científico con la descalificación que jamás ha estado en la intención de los firmantes”, indican los firmantes, que niegan que la consideración de los valores culturales, científicos o ecológicos del lobo sea incompatible con el estatus legal de la especie. De hecho, indicaron que son la “piedra angular” de los planes de gestión de las comunidades y apostaron por actualizar la estrategia de 2005, que destacaron ha permitido la recuperación de la especie.

Finalmente, hacen un llamamiento al Ministerio para que vuelva al “consenso y diálogo” y renuncie a continuar con la tramitación de la inclusión del lobo en el LESPRE. “No puede escudarse en dictámenes no vinculantes, ignorando cuál es el origen de este procedimiento, y forzando situaciones inéditas en órganos de coordinación entre el Estado y las comunidades”, concluyen.
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