Una sentencia obliga a San Andrés a pagar a Aquona más de 4,3 millones

El Ayuntamiento anuncia que recurrirá la decisión del juez, que se basa en los impagos con la empresa desde que se reprivatizara el servicio municipal de agua

Sergio Jorge
23/04/2016
 Actualizado a 14/09/2019
El Ayuntamiento tendría que pagar más de 4 millones de euros. | MAURICIO PEÑA
El Ayuntamiento tendría que pagar más de 4 millones de euros. | MAURICIO PEÑA
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de León ha dictado una sentencia que obliga al Ayuntamiento de San Andrés a tener que abonar los impagos que el Consistorio lleva acumulando desde 2010 con la empresa Aquona, después de que ese año el equipo de gobierno firmara la renovación de la adjudicación del servicio de aguas municipal. En ese contrato se establecía un incremento de la tasa del agua de 0,68 euros por cada metro cúbico de agua a 1,22 euros, lo que supone "un aumento de más del 100%", tal y como resaltó este viernes la portavoz de IU, Eloína Terrón, que recordó que "el pago de esta sentencia no está incluido en el presupuesto de 2016".

Esta decisión judicial establece que se debe aplicar la revisión de las tasas que se incluyeron en el contrato de 2010, puesto que ni el gobierno de María Eugenia Gancedo ni el de Gregorio Chamorro han repercutido el precio del agua a los vecinos, lo que se ha traducido en una deuda de 4.359.558 euros por los ejercicios que van desde el año 2010 hasta 2014. "Es más de un millón de euros por año", agregó Terrón.

Además, el juez obliga al Ayuntamiento a pagar los intereses por esta cantidad adeudada y también "los intereses legales de tales intereses".

La concejala de IU recordó además que la deuda sigue acumulándose, puesto que esta sentencia se refiere a cuatro años, pero desde 2014 tampoco se está pagando la diferencia, por lo que se suma a lo que se debe a Aquona.

El juez da quince días de plazo para la presentación de un recurso de apelación, y según informó ayer el Ayuntamiento de San Andrés, lo va a presentar puesto que "no está de acuerdo en las consideraciones de los fundamentos de la sentencia en lo que a la inclusión del IVA en el canon se refiere".

También especifica que "la sentencia ampara la legalidad de la ampliación del contrato del agua acordada en el año 2010 y en el que se incluía una actualización de la tasa, teniendo en cuenta que desde la privatización del servicio en 1996 ésta no se había revisada, pese a la existencia de una cláusula que otorga a la adjudicataria ese derecho", y culpa al gobierno de Chamorro de "devolver las facturas" a la empresa concesionaria, Aquona.

El Ayuntamiento gobernado por la socialista Gancedo también apuntó que se trata de «un servicio deficitario» desde hace años.

Ante esta situación, desde Ciudadanos se criticó con dureza a los dos partidos, PP y PSOE, por ser los responsables de que se haya sumado la deuda durante los últimos años, lo que el portavoz de la formación naranja, Juan Carlos Fernández, denomina "vieja política". "Los ciudadanos de este municipio tenemos derecho a conocer los actos realizados por la tesorera ilegalmente nombrada interventora accidental ante la nulidad absoluta de su nombramiento y de todos aquellos actos realizados en esas fechas, entre ellos, la firma del contrato de ampliación del agua potable hasta el año 2046", agregó el edil, en alusión a la nulidad del pleno en el que se aprobó el nuevo contrato del agua.
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