Próximo a cumplirse una década desde su puesta en marcha, una comisión integrada por dos juristas y dos politólogos han trabajado en la elaboración de una propuesta que registrarán en el Congreso de los Diputados en cuanto se constituya un nuevo gobierno central. A partir de ese momento, si formalmente todo es correcto, dispondrán de nueve meses para recabar las 500.000 firmas que exige esta vía para poder prosperar.
Ranz diferencia claramente entre la justificación y el contenido de la Ley. “La exposición de motivos es, en mi opinión, un ejemplo de valores democráticos dignos de un país como España y el articulado tiene algunas limitaciones, como que no prevé sanciones o no remite a otras normas que sancionen los incumplimientos. Así, por ejemplo, a los alcaldes, alcaldesas, obispos o arzobispos el incumplimiento les sale gratis”, explica en declaraciones a Ical.
“La norma fue muy buena en su momento pero como toda ley que no se usa, que no se reforma, que no se hace un Reglamento posterior, pierde calidad”. Para remediarlo, y conseguir una mejora “sin ningún tipo de hostilidad hacia la primera norma” ya han redactado las cuestiones que consideran que deben ser modificadas y que centran en tres aspectos.
Por una parte, aluden al acceso a fincas en caso de exhumación -Ranz logró recientemente un auto que obligaba a exhumar en la cripta del Valle de los Caídos, el primero de este tipo-. Así se pretende un procedimiento que haga que se pueda exhumar en fincas privadas y en terrenos públicos de ayuntamientos.
La revisión de documentos es otro de los ejes de la iniciativa popular, que aspira a establecer un sistema en virtud del cual se pueda tener acceso -en base al interés colectivo- a archivos parroquiales, militares y de otro tipo y que ese trabajo se aporte a las universidades o a otras entidades para que lo estudien y digitalicen, si procede, de forma que esos datos sirvan, por un lado, para poder llevar a cabo exhumaciones y por otro para poder disponer de los expedientes, por ejemplo, de las personas que estuvieron detenidas.
La tercera para de la iniciativa que encabeza Ranz alude a la retirada de simbología. Así, plantean que se redacte una memoria económica que contemple una transacción finalista, de manera que el ayuntamiento que formalmente lo solicite y acredite convenientemente reciba un dinero justificado para llevar a cabo la supresión de esa simbología.
Otros aspectos incluidos en esa mejora que se pretende para la Ley de Memoria Histórica pasan por el establecimiento de un día de recuerdo para las víctimas, una mención específica “para tantas mujeres que fueron violadas, rapadas, apalizadas estando embarazadas” y un reconocimiento especial también al colectivo de gays y lesbianas.
Visto bueno
“Parece un disparate poder lograr 500.000 firmas pero puede llegar a los partidos políticos y colaborar en ello y creo que puede tener un recorrido que termine en un texto legal de aplicación”, asegura Eduardo Ranz. Está particularmente satisfecho de que su iniciativa tenga ya el visto bueno del impulsor de la Ley, José Luis Rodríguez Zapatero, quien le ha mostrado su apoyo tras presentarle el contenido de las propuestas. El espaldarazo del ex presidente le anima a continuar con una trayectoria que inició en 2012 a partir de la lectura de un artículo periodístico que le llevó a interesarse por las exhumaciones. “Sentí lo que se siente a pie de fosa y eso sumado a mi condición de abogado en ejercicio hizo que siguiera adelante”, explica, alentado por muchos ciudadanos.
“Hace falta una buena regulación, un buen acceso a archivos y una buena partida presupuestaria en condiciones. Hasta que estos tres elementos no se combinen, ya podemos ponernos estupendos abogados, políticos, forenses, etcétera, que pasarán otros 40 años de democracia y seguiremos sin resolver este problema”, concluye.