Una caravana para exigir medidas para evitar el abuso en la contratación pública temporal

Los manifestantes depositan su esperanza en que “Europa castigue lo ocurrido" y se haga cumplir la directiva

Ical
14/03/2021
 Actualizado a 14/03/2021
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La Plataforma de Trabajadores Temporales Públicos de Castilla y León contra el Fraude de Ley salió este domingo a la calle en León y Valladolid, donde convocaron sendas caravanas de coches y bicicletas para reclamar a la Junta “coherencia entre su voluntad política y sus actos”, además de exigir de manera cautelar (hasta que se materialice la solución que el Grupo Popular pide al Gobierno central, de eliminar las tasas de reposición que permitan convocar a oposición todas las plazas vacantes) que paralice las convocatorias que afecten a personal en situación de abuso de contratación temporal y la ejecución de las ya publicadas.

De ese modo, cientos de personas (con presencia motorizada principalmente) reclamaron en las dos capitales que no haya más ceses de trabajadores temporales públicos en abuso de temporalidad en Castilla y León, y denunciaron que la Junta “sigue echando balones fuera”, ya que consideran que tiene competencias para trabajar en una solución autonómica que hubieran permitido no convocar plazas en abuso de temporalidad.

En Valladolid, la caravana, que según la Policía Local se desarrolló cumpliendo las normas de salud pública y tráfico, partió del estacionamiento de la Feria de Muestras y concluyó su recorrido en la Plaza de España.

En un comunicado recogido por Ical los trabajadores públicos temporales subrayaron que se sienten “totalmente desprotegidos por parte del Gobierno y de las Administraciones, mientras el resto de los empleados públicos temporales europeos están amparados frente al abuso de temporalidad por la Directiva Europea 1999/70, cuyo objetivo no se está cumpliendo en España”.

“Nuestras propuestas están en las mesas del Congreso de los Diputados, en el Senado, en los parlamentos autonómicos y en muchos de nuestros ayuntamientos y diputaciones; las conocen ya todos los políticos españoles. Todos los grupos políticos nos entienden, están de acuerdo con nosotros desde Izquierda Unida, Podemos y partidos independentistas, pasando por PSOE y Ciudadanos y terminando en PP y Vox", explican.

"Y parece que las cosas están cambiando, porque nuestras voces están llegando a Europa. Bruselas se ha puesto seria y amenaza a España con paralizar los fondos europeos si no termina con la alta temporalidad en el sector público, y que cumpla la normativa comunitaria que prohíbe este tipo de prácticas laborales”, añaden.

En el caso de la caravana celebrada en la ciudad de León, que partió del estacionamiento de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León, contó con la participación de más de medio centenar de vehículos engalanados con globos amarillos y negros. Entre ellos los de Mari Cruz García y Begoña Bao, quienes depositaron su esperanza en que “Europa castigue lo ocurrido y se haga cumplir la directiva de 1999/70” para poner fin a una situación que afecta a unas 3.000 personas en la provincia, 800 de ellas en el Ayuntamiento de León.

Con 39 años en situación de “fraude de ley” en el Ayuntamiento de León, Mari Cruz García, aseguró no tener “nada que demostrar ya” y lamentó la falta de respuesta por parte de las administraciones mientras “se ve algún movimiento con respecto a las ayudas europeas”, ya que “parece ser que Europa las condiciona a que no haya tanto fraude en la administración”.

Por su parte, Begoña Bao, tras 15 años en la Diputación de León, explicó que la decisión de colocar globos amarillos y negros en los vehículos “como símbolo de la lucha por la fijeza” se debe a “un guiño a los compañeros canarios, que fueron los primeros en hacer huelga para reclamar la fijeza para los trabajadores temporales en fraude de ley”.

En su manifiesto #Fijeza ya, se explica que todos los grupos políticos les entienden, están de acuerdo con ellos, desde Izquierda Unida, Podemos y partidos independentistas, pasando por PSOE y Ciudadanos y terminando en PP y VOX.

También, piden al Ministro de Administración Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, que ponga en marcha la inspección en todas las administraciones con los criterios que establece Europa.
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