02/12/2018
 Actualizado a 07/09/2019
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El próximo jueves nuestra Constitución cumple cuarenta años. Un aniversario que a uno le parece se está celebrando con holgura y extensión; no sé si con satisfacción. Es evidente que esta no es equipaje de muchos. Unos por unas razones y otros por otras. Sea como sea, servidor está convencido de que gracias a este instrumento jurídico y, sobre todo, gracias a las coordenadas sociales y políticas que lo hicieron posible y que podrían reducirse a tres palabras mágicas («reconciliación», «consenso» y «lealtad»), se ha producido el «milagro» de haber disfrutado de la etapa más apacible (a pesar de las graves quiebras del terrorismo), de más desarrollo económico (sin que se acabara con las desigualdades) y de mayor desenvolvimiento político, sindical y cultural (no sin sombras, que ahora se ven acaso en sus exactas y alarmantes dimensiones) de toda la historia de España. Un brindis, pues, aunque sea a media altura, por cuantos hicieron posible aquel momento.

Entre quienes aportaron luces y energías en aquellas circunstancias estuvieron también los Obispos, el clero y muchos otros ciudadanos que llevaban en su solapa la misma fe. Como homenaje a ellos, que es honor a la verdad, desempolvemos algunas afirmaciones de entonces que ayudaron a que cuajara la «transición». Cuando ya se camina hacia la elaboración de la Constitución, los Obispos, en varios documentos, afirman: Los cristianos «son libres para optar por aquel partido político o por aquel programa que, según su recta conciencia, es el que mejor garantiza el bien de la persona humana y de la sociedad… Nadie debe pretender que su opción sea la única válida, según el Evangelio… La concordancia de un programa con la enseñanza social de la Iglesia es, para el cristiano, uno de los principales criterios de opción por un partido o por un programa…». La futura Constitución debe contemplar «la defensa de la vida humana, la promoción de la familia, la tutela de la moralidad pública, el acceso de todos a los bienes de la cultura, la atención a los más débiles, el fomento de las iniciativas y las entidades intermedias en todos los campos, la salvaguarda legal de la diversidad de los pueblos de España, el apoyo a los países del Tercer Mundo». Y se justificará moralmente, si ofrece una base idónea para la convivencia civilizada de ciudadanos, partidos y fuerzas sociales, garantiza suficientemente el ejercicio de los derechos humanos, de las libertades públicas y de los deberes cívicos; y respeta la libertad religiosa de la persona.
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