Un error político

El fondo de la cuestión es que el adelanto del toque de queda decretado por la Junta fue un grave error político. Primero porque la decisión rompe la imagen de cooperación responsable que solía proyectar Castilla y León. Segundo porque en pandemia los gobiernos deberían aportar soluciones y no generar conflictos. Tercero: la medida desbroza el camino a la oposición. Da munición al radicalismo populista y arrinconado que vocea Pablo Fernández y nitidez al socialismo atomizado de Luis Tudanca. Y cuarto porque el presidente dice que no deben asumir responsabilidades políticas al actuar según la convicción de hacer lo correcto. Pero que la convicción sustituya la legalidad les coloca en el discurso independentista de aquel 1 de octubre.

El auto del Tribunal Supremo que suspende cautelarmente la medida destroza la argumentación que la Junta había esgrimido en sus alegaciones. Sin conocimientos jurídicos, solo leyendo el documento, se extraen bastantes conclusiones. Dicen los jueces que Alfonso Fernández Mañueco no tenía competencias para tomar esa decisión desmontando ese bizarro trabalenguas de le costó recitar al presidente sobre aquello de que él era el Gobierno de España. Dicen los jueces que restringir derechos fundamentales como el de movilidad más allá del decreto de alarma no puede justificarse en la protección de la vida por falta de garantías. Tampoco parece que el adelanto sea clave en la bajada vertiginosa de contagios como repite el ejecutivo. Eso no lo dicen los jueces, tampoco los epidemiólogos ni los políticos porque es imposible desgranar qué porcentaje del descenso de la incidencia correspondería a esas dos horas en liza. Más aún cuando la mayoría de autonomías, sin toque de queda adelantado, han experimentado bajadas similares desde finales de enero. Con estos preliminares y las anunciadas demandas de hosteleros y comerciantes, si fuera Mañueco, me daría pavor que todavía haya más fondo en este asunto.