Un error de su abogado le impide cobrar por pasar 14 meses en prisión por un delito del que salió absuelto

Luis Gumersindo Lozano fue acusado de un presunto delito de violación, hecho por el que pasó catorce meses en el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas a la espera de que saliera el juicio en el que, finalmente, no se pudo probar que hubiera sido él el autor de la agresión y sí que él se encontraba en otro lugar el día de autos. Pasó de ser (presunto) culpable a convertirse en víctima. Había sufrido la crudeza de la cárcel, sobre todo para los que entran acusados de delitos de este tipo, y su nombre había quedado manchado.

No hay forma de resarcir un daño de este tipo, pero existen mecanismos legales en forma de indemnización que vienen a cubrir los daños causados. Luis Gumersindo puso un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el que solicitaba una indemnización de 150.000 euros, pero éste fue desestimado por un «error profesional». Es decir, que el abogado que le llevó el proceso, el mismo que le había representado en el juicio por presunta violación, no siguió el procedimiento de acuerdo al artículo previsto en la ley para este tipo de recursos.

Fue absuelto de un delito de violación por el que pasó 14 meses en prisión preventiva como presunto autor de los hechos Este hecho implica no sólo que Luis Gumersindo, vecino de San Andrés del Rabanedo, no haya percibido indemnización alguna por haber pasado más de un año en prisión preventiva acusado de un delito que, según sentenció el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, no cometió, si no que además, a ojos de sus ‘vecinos’, pone en tela de juicio su inocencia.

Las consecuencias hasta aquí se presentan cuanto menos injustas para este hombre, pero la situación todavía se le ha vuelto más en contra después de que el letrado que le llevó el recurso contencioso-administrativo por cuyo «error profesional» no ha percibido indemnización alguna le reclame 18.150 euros en concepto de minuta por sus servicios mediante procedimiento monitorio.

Así las cosas, Luis Gumersindo, que se considera víctima de una pena de prisión preventiva por la que el Ministerio de Justicia no le ha resarcido, y de la «falta profesional» del que fuera su abogado, ha procedido a demandar a este último. La causa se encuentra en el Juzgado de Primera Instancia número 8 de León y el juicio está señalado para enero de 2016.

Reclamó una indemnización de 150.000 euros al Estado que le fueron rechazados por no efectuar el recurso según el procedimiento Según se argumenta en la demanda: «La desestimación del recurso es consecuencia directa de la ‘mala praxis’ del letrado». El demandante considera que el abogado «no actuó con la debida diligencia» y entiende que «debe responder por las consecuencias que cause su incorrecta actuación» que en este caso se traducen en 150.000 euros, «cifra que en su momento estimó el propio letrado para calcular la indemnización que la Administración debía otorgar al señor Lozano por los daños derivados del mal funcionamiento de la misma», recoge la demanda.

Lo que piden: «Que se condene al abogado y/o a su compañía aseguradora al pago de la cantidad de 150.000 euros como consecuencia de los daños económicos que la mala praxis del letrado causó a Luis Gumersindo, así como el pago de los intereses que se hayan devengado». E insiste en que los daños del señor Lozano «nunca fueron resarcidos y, a día de hoy, continúa sufriendo los perjuicios derivados de la prisión preventiva, que abarcan daños morales, sociales, económicos y laborales».