07/10/2021
 Actualizado a 07/10/2021
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Desde que gobernar es justificarse las leyes las dictan los compromisos que aseguran tiempo en el poder. Se discuten en público entre los socios de gobierno y terminan siendo un pulso televisado de cesiones ideológicas, estéticas y unilaterales. Una de las lecciones que el sanchismo sacó de la pandemia fue definir la cogobernanza entre administraciones como una estafa piramidal invertida que adopta acuerdos en el Consejo de Ministros que deberán llevar a la práctica las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Una estratagema a lo Pilatos en la que Pedro Sánchez consigue los grandes titulares y pasa la bola para que sea otro el que yerre desde el punto de penalti. Siempre se dijo que no había mejor campaña que el Boletín Oficial del Estado y los presupuestos generales pero hay que reconocer a este PSOE la capacidad innovadora para prometer sin rascarse siquiera las cuentas.

El grueso de la nueva Ley de Vivienda vuelve a ser exactamente eso, un panfleto programático de las izquierdas posmodernas que se presenta como un avance sin precedentes aunque contenga el intervencionismo fracasado de siempre. Una norma encajada en las tensas reuniones entre el gobierno PSOE y el gobierno Podemos que no dialoga con la sociedad civil y que solo busca cumplir con su electorado. El gobierno invita a subir el IBI de las viviendas vacías y a regular los precios del alquiler para que paguen las comunidades autónomas y los ayuntamientos que reciben la patata caliente del desgaste. Dos días después de anunciarse la ley sabemos que nunca se aplicará en la mayor parte del país. Las autonomías y ayuntamientos del PP se niegan y muchos alcaldes de otros partidos (y alguno socialista como el de León) también confirman que no subirán los impuestos a sus ciudadanos por inoportuno. Y por impopular, que también, aunque eso ya no lo digan. El sanchismo es una factoría constante de Españas diversas. Ahora impulsa un dumping fiscal del alquiler a diecisiete velocidades.
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