El auto judicial implica la suspensión de la práctica cinegética de todas las especies, tal y como explicó el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, preocupado por un revés judicial que busca establecer las especies que pueden ser consideradas como cinegéticas para incluirlas en la orden anual de caza. Ante esta situación, ya se ha anunciado la presentación de un "recurso inmediato" que pueda aclarar la solución lo antes posible, puesto que el 1 de abril se abrirá la veda del corzo.
No obstante, el consejero asegura que la suspensión de la caza "va a permanecer mucho tiempo, mientras se enjuicia el fondo del asunto". Aunque la decisión del TSJ vaya a ser apelada, el proceso "es ejecutivo y los recursos no paralizan su ejecución" por lo que la medida se va a prolongar "durante bastante tiempo", algo que, según Suárez-Quiñones, "Castilla y León no se puede permitir".
La Junta promete "respuesta rápida", pero avisa que la medida puede prolongarse "durante bastante tiempo" Desde la delegación provincial de León se asegura que "aún se está tratando de digerir la noticia" y que "casi todos los grupos políticos les están apoyando y se han implicado para dar una solución lo más rápidamente posible". Del mismo modo, no entienden cómo a los jueces "no les valgan" los estudios científicos realizados para determinar el nivel poblacional de cada especie, que según el auto no son actuales por estar basados en unas guías regionales sobre aves y mamíferos de los años 2001 y 2005. "No se están teniendo en cuenta los informes técnicos. Nosotros vamos de la mano de la Junta y esperemos que lo puedan solucionar rápidamente", apunta el delegado en León, Miguel Fierro.
Por el momento y ante la idea de todos los partidos políticos de llevar la cuestión a las Cortes, los cazadores aseguran que darán una 'tregua' por la suspensión de su afición. No obstante, advierten que "si las medidas no son satisfactorias pondremos patas arriba Valladolid".
Los cazadores "muy quemados"
Igualmente, desde la delegación leonesa de caza apuntan que los aficionados "están muy quemados" y alertan de los conflictos económicos que se avecinan de no encontrar una solucionen rápida al conflicto. "Los cazadores que tienen que pagar los precintos del corzo, ¿lo hacen o no? ¿Tendrán miedo por si lo vuelven a suspender? ¿Qué pasa con los que ya lo han pagado?", reflexiona Fierro.
Los cazadores leoneses no solo lamentan las consecuencias económicas de la suspensión cautelar de la caza, sino también el conflicto medioambiental que plantea. Aseguran que de no realizar un control poblacional habría problemas con especies como el jabalí, los conejos o los corzos. Fierro también hace referencia a problemas de salubridad animal con enfermedades como la tuberculosis o la peste porcina.
En los próximos días se hará el anuncio de que las Cortes convocarán un pleno para buscar solución al conflicto Por ello, desde el gremio de cazadores cargan con fuerza contra las agrupaciones animalistas por "disfrazarse de ecologistas y hacer de menos el comportamiento de los demás y del modo de vida rural". Fierro considera "fundamental" hacer un control poblacional que tiene que llegar desde la propia caza. De esta manera, avisan que desde las administraciones se llegará a contratar a profesionales para que regulen la presencia de animales cinegéticos en los montes, algo que no entienden puesto que es un control que ahora realizan los propios cazadores "y pagando nosotros a ellos".
Igualmente, los aficionados a la práctica cinegética en León también advierten de otras consecuencias que tendría una suspensión prolongada en el tiempo. Así, avisan que muchos se plantearían "vender a sus perros de caza o dejar su afición" y que habría otros problemas derivados como un importante aumento de los accidentes en las carreteras, debido a más atropellos motivados por una mayor presencia nacional.
"Blindar" la caza
El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, coincidió ayer con el consejero Suárez-Quiñones, en unas declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Ical, calificando de "imprescindible" a la caza y anunciando que trabajan conjuntamente en buscar soluciones para "blindarla". Durante la visita de ambos mandatarios a las obras de la Estación de Autobuses de Salamanca, Mañueco fue el primero en intervenir ante los medios para poner de manifiesto su "compromiso personal y del Partido Popular de Castilla y León con la caza, imprescindible en nuestra Comunidad Autónoma". "Son muchos los intereses en juego, no solo por la defensa de la cultura y las tradiciones sino por la defensa de muchos puestos de trabajo, de la creación de riqueza, de la fijación de población en el mundo rural y el territorio, de la seguridad vial y de la sanidad animal", explicó Mañueco, quien aseguró que mantiene conversaciones con el consejero para "tomar las decisiones más ágiles y rápidas para blindar la caza".
Los partidos 'cierran filas' en torno a la caza y confían en alcanzar un modelo "ordenado y sostenible" Por su parte, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta coincidió con Mañueco al señalar que, desde el Gobierno regional, trabajan "con consultas políticas con los partidos para adoptar una decisión adecuada y rápida para los intereses de Castilla y León", puesto que la región "no puede estar sin la actividad de caza". "Los intereses de nuestra Comunidad están por encima de cualquier interés partidista o particular de cualquier pequeño grupo que, utilizando determinados mecanismos, va contra los intereses generales de la Comunidad", señaló Suárez-Quiñones, para quien ahora la obligación del Gobierno regional y los partidos es "colaborar en la actividad normativa necesaria para adoptar una decisión definitiva que nos permita proteger" la caza. El consejero de Fomento y Medio Ambiente quiso además, defender el "voto particular de ese auto realizado por el magistrado ponente, que llevaba una propuesta de rechazo a la medida cautelar con la que estamos completamente de acuerdo", puesto que "es la misma postura que han mantenido los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León en el procedimiento".
Las reacciones también llegaron desde otras formaciones políticas como el PSOE, que a través de su candidato a las Cortes, Luis Tudanca, apuntó a trabajar con el PP y con el Gobierno regional para que la caza vuelva a ser una "actividad ordenada y sostenible que genere actividad económica, empleo y desarrollo en el medio rural". Más crítico se mostró Pablo Fernández, de Podemos, quien tachó a los populares de "ineficaces" y de realizar una "chapuza total".