Concretamente, el número de víctimas de esta lacra se situó el pasado año en un total de 881 frente a las 866 referidas a 2020. El aumento es de 15 y los datos se sitúan por debajo de los previos a la pandemia (en 2019 fueron 935).
Mientras, el informe anual del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género –publicado este viernes por el Consejo General del Poder Judicial– cifra las denuncias en 882 frente a las 879 de 2020 y las 938 de 2019.
Los atestados policiales se mantienen como la principal vía de ingreso de estas denuncias den los juzgados de la provincia. Fueron 832, de los que 815 tuvieron su origen en la denuncia de la víctima y dos por parte de los familiares. Los 15 atestados restantes se correspondieron con intervenciones directas de los agentes. El resto de las denuncias por violencia de género se presentaron directamente en los juzgados (ocho por parte de la víctima y ninguna por parte de familiares) o llegaron a través de partes de lesiones de los servicios sanitarios (40) o de asistencia (2).
La estadística del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género refleja que hubo 66 casos en los que la víctima se acogió dispensa a no declarar como testigo (en 2020 fueron 18 y en 2019 la cifra había sido de 96). Cabe destacar que la decisión supone en muchas ocasiones la complicación de la continuidad del proceso, abocándolo en muchas ocasiones al sobreseimiento.
Fue el caso de 335 causas el año pasado. Seis por sobreseimiento libre (por no haber indicios racionales de haberse cometido delito) y 329 por sobreseimiento provisional (por no resultar justificada la perpetración del delito).
Mientras, el número de hombres enjuiciados por delitos de violencia de género se situó el año pasado en la provincia de León en un total de 164 (frente a los 143 de 2020 y los 189 de 2019). De ellos, de los que 149 fueron finalmente condenados y los 15 restantes, absueltos. Esto supone que nueve de cada diez hombres enjuiciados por delitos de violencia de género recibieron condena.
Además, el número de órdenes de protección incoadas se situó en 210 de las que se aprobaron 154. En 2020 fueron 290 de las que se aprobaron 235 y en el año anterior a la pandemia se solicitaron 223 y se concedieron 173.
Por tipo de delitos denunciados, los de lesiones y maltrato son los más frecuentes, ya sea en su tipo básico, agravado –por el resultado causado o el riesgo producido– o por violencia física o psíquica habitual (496 en total durante el pasado año frente a los 567 de 2020). Contra la libertad hubo 138 denuncias que se suman a otras 13 contra la libertad e indemnidad sexual. Hubo además 63 por quebrantamiento de penas, 167 por quebrantamiento de medidas, 18 contra la integridad moral y uno por no respetar derechos y deberes familiares y uno por homicidio, el de la joven asesinada en Mansilla de las Mulas en mayo del pasado año.