¿Seguridad o recaudación?

Una media de 15.000 euros diarios. Es la cantidad que recaudan cada día los 14 radares fijos que la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene instalados en las carreteras de la provincia de León. Concretamente, los datos de los tres últimos años hablan de unos ingresos de 14,9 millones de euros. A estos dispositivos hay que sumar los móviles que suele utilizar la Guardia Civil o que se ceden a las policías locales para ser utilizados en las ciudades.

Cuando se habla de este tipo de controles y de sanciones, siempre se suscita el mismo debate. Los radares sirven para mejorar la seguridad vial o para incrementar la recaudación por parte de las administraciones públicas. En el ranking de las provincias con más sanciones por exceso de velocidad, la primera de la comunidad que aparece es León, que acumula el 20,3% de la recaudación. El repunte en el número de víctimas mortales en las carreteras de la provincia podría ser un argumento a favor de intensificar los controles. Sin embargo, en el otro lado de la balanza habría que tener en cuenta que los radares fijos se ubican en grandes carreteras, mientras que la mayoría se los fallecimientos se producen en las secundarias. El gran reto de la seguridad está por tanto en este tipo de vías, que están controladas por los radares móviles, que suelen ubicarse en los pueblos.