Los Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León recaban cientos de ejemplos como los anteriores en la provincia cada año. Sin embargo, los que llegan a los tribunales son menos de 10 al año. Según el Gobierno central, en los últimos 7 años –hasta septiembre del pasado año– han sido 59 las personas detenidas o investigadas por infracciones penales de incendios en la provincia. La media sube porque en el 2012 fueron 19 las personas a las que reclamó la Justicia por incendios en suelo leonés, pero en 2013 fueron 7, 5 en 2014, ninguno en 2015, 10 en 2016, 12 en 2017 y 8 en los nueve primeros meses de 2018. A ellos se suman otros dos investigados en este año.
Las cifras anteriores reflejan la complejidad de recabar las pruebas suficientes para acabar sentando en el banquillo de los acusados a los pirómanos o a los imprudentes, pese al meticuloso trabajo del personal de Medio Ambiente. Pero no hay patentes de corso en los montes.
El pasado 16 de enero un incendio afectó a una superficie de unas 2,5 hectáreas de roble joven, pasto y matorral en Villamanín. Dos días después un hombre de 50 años pasaba a disposición del juez como presunto autor de un delito de incendio forestal.
El 26 de febrero otro fuego afectaba a 130 hectáreas de monte bajo, principalmente brezo, escobas y matorral de Benuza. La extinción requirió más de 24 horas. El 22 de marzo, un varón pasaba a disposición judicial tras la diligencias de los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
También hay detenciones inmediatas, como la del joven sorprendido cuando prendía fuego en las inmediaciones del río Cea, tras haberse registrado una hora antes un incendio en Saelices del Río (Cea) en el que ardieron alrededor de 20 hectáreas de arbolado y rastrojos.
En otros casos, las investigaciones son más amplias y requieren más paciencia, tardan más tiempo en dar sus frutos, pero los resultados llegan. El 26 de julio del pasado año, tras un dispositivo en el que llegaron a participar el Grupo de Apoyo Técnico Operativo de la Unidad Central Operativa (UCO) y la Sección de Análisis Criminal de la Unidad Técnica de Policía Judicial, era detenido un varón de 55 años con domicilio habitual en Madrid como el presunto autor del incendio forestal iniciado el 21 de agosto de 2017 en la comarca de La Cabrera, y en el que ardieron más de 9.000 hectáreas de pasto, pino, roble y matorral.
Penas de cárcel
Y no es menor el castigo para los que atentan voluntariamente o por falta de diligencia contra el patrimonio natural de todos. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, advierte regularmente de que el Código Penal prevé hasta 30 años de prisión para aquellos que originen un incendio, sin que haya heridos, ni fallecidos, solo por generar una situación de peligro para la población y dañar el medio ambiente.Pero la ejemplaridad de las sanciones no surte el mismo efecto disuasorio en toda la población y por ello, especialmente en León, se siguen registrando altos índices de siniestralidad en comparación con otros territorios que también cuentan importantes masas forestales. Ante esta situación se hace imprescindible la«concienciación social» y la «colaboración ciudadana», fundamentales en las 140 sentencias que cada año se dictan en toda España por este tipo de delitos. De manera voluntaria o imprudente, el ser humano está detrás del 90% de los incendios. Prueba de ello es la sucesión de siniestros registrados en la comunidad a principios de mes. Entre los días 1 y 3 de marzo, los medios de lucha contra fuego tuvieron que realizar 91 intervenciones, más de una tercera parte de las actuaciones que tuvieron lugar durante los dos primeros meses del año, que ascendieron a 240, según detalló recientemente el jefe del Servicio de Defensa del Medio Natural, Vicente Rodríguez en un acto en Ponferrada.
Rodríguez destacó que el hecho de que los fuegos se concentren en fines de semana lleva a las autoridades a relacionarlos con un origen antrópico, de personas que aprovechan los días de descanso laboral para llevar a cabo quemas de material agrícola.