Se cumplen 8 años del accidente de La Vasco con la fecha del juicio aún por determinar

El procedimiento se había señalado para abril, pero se suspendió en la primera jornada tras conocer que dos de los 16 acusados tenían un seguro. Hoy son cuatro

R. Álvarez
28/10/2021
 Actualizado a 28/10/2021
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En la historia centenaria de la Hullera Vasco Leonesa (HVL) el 28 de octubre de 2013 está grabado en negro. Seis mineros perdieron la vida y otros ocho resultaron heridos en un accidente que este jueves cumple ocho años sin que las familias de las víctimas hayan encontrado respuesta a la petición que ya lanzaron el primer día: «Que se haga justicia». La espera está siendo muy larga, «demasiado», explican. El juicio, que se había señalado para abril de este año, se suspendió en la primera jornada y hoy sigue aún sin fecha prevista. «No sabemos cuándo se va a poder retomar, si en abril de 2022, un año después de un aplazamiento que decían que iba a ser corto, o más adelante. La sensación que nos queda es de que esto no tiene fin. Es insoportable», lamentan.

En esa primera jornada del juicio la magistrada conoció que dos de los 16 acusados –hoy la cifra se eleva a cuatro– estaban cubiertos por un seguro que no habían comunicado previamente. Un dato «novedoso, extemporáneo y dilatorio» que precipitó su suspensión y que obligó a devolver el procedimiento a la fase de instrucción.

De dos asegurados a cuatro

Esto ocurrió pese a que en un auto emitido el 21 de mayo por el juzgado instructor se explica que ya en 2015, durante su declaración en sede judicial, se requirió «a todos los investigados» que comunicaran «si tenían póliza de seguro y concretaran con quién, no indicando nada al respecto y no aportando póliza alguna durante todos estos años». Se insistió en lo mismo –siempre según este auto– «mediante providencia de fecha 9 de marzo de 2017» cuando, a través de su representante legal, se volvió a pedir a los imputados que aportaran en el plazo de cinco días sus pólizas de responsabilidad civil y los justificantes de pago de la prima». De nuevo «se dio la callada por respuesta», subraya la juez, que no fue hasta la exposición de cuestiones previas que marca el inicio del juicio cuando supo que dos de ellos tenían una póliza que les cubría en el momento del accidente. Uno a uno fue llamando a los 16 para asegurarse de que la cifra se quedaría ahí y a la pregunta de la juez 14 de ellos respondieron «no», aunque ahora se ha sabido que los asegurados no son solo los dos que lo admitieron ese día, sino cuatro.

Más responsables civiles directos

Con el juicio ya frenado, se ordenó una instrucción suplementaria que pudiera determinar otros posibles responsables civiles directos. «Exclusivamente» con ese fin, remarcó la magistrada, que el 26 de julio firmó el auto ampliado del procedimiento. En él se indica que «a través de la correduría de seguros Adartia Global S.A.U., tres de los investigados tenían póliza de responsabilidad civil. Se trata de José Eliseo Solís, en el momento de los hechos director facultativo del Grupo Tabliza; José Marcos Ulecia, jefe del departamento de Seguridad Minera, del servicio de Prevención de Riesgos y de Ventilación y Control Ambiental, y Javier Martínez Rico, subjefe del Grupo Tabliza en su primer relevo. Por su parte, Mario Calvo Herce, director general de la empresa también en esas fechas, estaba cubierto a través del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja.

Con esta información aportada, y remarcando en su escrito que «el resto de investigados en la presente causa no tenían suscrita póliza de responsabilidad civil profesional, o por lo menos ni la acreditan ni la aportan a los efectos oportunos», la magistrada concluye que aparte de imputar los hechos a los 16 acusados, se añaden exclusivamente como responsables civiles directas –además de la compañía de seguros HDI Hannover International España (que ya figuraba en el primer auto de procedimiento abreviado)– Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. (nombre que se modificó de forma reciente) y a la entidad aseguradora AMIC.

"Que no traiga más sorpresas"

Las acusaciones han respondido a este auto con escritos actualizados en los que se solicita la apertura de un nuevo juicio oral ante el Juzgado de lo Penal. También se han emitido otros como el de la personación de Mapfre o en el que se acredita el cambio de nombre de la compañía, por lo que los trámites avanzan, aunque todavía resulta complicado concretar cuándo llegarán a su fin y se podrá volver a señalar el inicio de un procedimiento que las familias confían en que «no traiga más sorpresas».

Uno de los últimos documentos en llegar lo firmó el fiscal el 28 de septiembre, hace exactamente un mes, y en él interesaba la práctica de diligencias complementarias que considera «necesarias para la calificación jurídica de los hechos, con suspensión del trámite de calificación». Estas diligencias consisten en requerir a la representación procesal de la aseguradora Mapfre que remita la copia íntegra de la póliza en la que consta como asegurado Javier Martínez Rico y de la que es tomador el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas y, por último, en que se acuerde la suspensión del trámite de calificación por el Ministerio Fiscal «hasta la decisión sobre la rectificación del auto de ampliación de procedimiento abreviado».

Cuándo se podrá señalar de nuevo el juicio sigue siendo, por lo tanto, difícil de precisar.

Delitos y responsabilidades

En el último auto emitido por la juez, el 26 de julio, recuerda que la dirección de la empresa, la dirección facultativa y todo el personal dependiente de la misma, responsable en materia de seguridad y prevención de riesgos, «no hizo nada» para variar la forma de explotación o «paralizar el tajo» en el lugar en el que se produjo el accidente minero. No se impidió «que los trabajadores accedieran a diario a su puesto, pese a que se estaba trabajando en condiciones muy peligrosas, sin las adecuadas medidas de seguridad, poniendo en grave peligro la vida, salud e integridad física de los trabajadores, como finalmente ocurrió con seis personas fallecidas y otras tantas (ocho) lesionadas». Añade también que «fueron muchos los avisos y los indicios de riesgo que la mina iba dando a diario, sin que fueran tenidos en cuenta por los investigados dentro del ámbito propio de sus competencias y responsabilidades».

Por ello, estima que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con seis delitos de homicidio por imprudencia grave y ocho delitos de lesiones también por imprudencia grave de los que considera «responsables» a los 16 acusados: Antonio del Valle, Arturo del Valle, Aurelio del Valle, Mario Calvo, José Eliseo Solís, David Toribio, Javier Martínez, Jairo Gómez, Carlos Conejo, José Ramón González, Óscar Luis Dopazo, Marcos Ulecia, José Carlos García, Andrés Rodríguez, Alberto Rivero y Alberto Fernández. Como persona jurídica y/o responsable civil subsidiaria a la Hullera Vasco Leonesa y a la compañía de seguros HDI Hannover International España como responsable civil directo, añadiendo ahora también a Mapfre y a la entidad aseguradora AMIC.
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